El 1 de septiembre próximo, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) enfrentará una nueva audiencia de conciliación y juzgamiento por una aparente calumnia hecha por sus integrantes. En esta ocasión, el querellante que pide $ 1,2 millones a cada comisionado es el exministro de Electricidad Esteban Albornoz.
En octubre de 2015, el ahora asambleísta electo por AP interpuso una denuncia por “calumnias e infamias” que la CNA habría hecho en un informe que señalaba presuntas irregularidades en el precio final de la hidroeléctrica Manduriacu, obra adjudicada a Odebrecht.
Al abogado principal de la Comisión, Felipe Rodríguez, le llama la atención que sea la jueza Karen Matamoros la que nuevamente juzgue a los nueve miembros.
El jueves último, Matamoros encontró a los comisionados culpables del delito de calumnia contra el contralor Carlos Pólit, aunque minutos después de la resolución, luego de que el demandante desistió de la acción, ella misma declaró extinta la acción penal.
Esta querella llegó para probar que Pólit fue calumniado a través de una denuncia en la que lo imputaba la CNA el delito de cohecho en un tema de la Refinería del Pacífico.
Rodríguez analiza la posibilidad de pedir a Matamoros que se excuse del caso de Albornoz, pues además de esta causa, explicó, también llevaría una nueva querella por calumnia contra la CNA presentada, en enero pasado, por Pólit.
Irregularidades presuntamente no observadas por Pólit dentro del proceso de compra de los helicópteros Dhruv, en el 2008, denunciadas en un informe de la CNA, serían la base para que él sostenga esta vez que su honor y buen nombre fueron afectados. El funcionario pide $ 200.000 a cada querellado.
En la segunda querella de Pólit, Rodríguez dice que ha solicitado la prescripción de la acción. “La jueza debería excusarse porque son casos conexos (con el caso Refinería del Pacífico). Si no se excusa en ese momento, se presentará un pedido de recusación”.
El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y el exgerente de Petroecuador Pedro Merizalde también mantienen causas abiertas contra la CNA.
Baroja puso una demanda civil por daño moral por relacionarlo con actos de corrupción en Manduriacu y pide una indemnización de $ 3 millones.
En cambio, Merizalde, quien está siendo investigado por perjurio y lavado de activos dentro del caso Petroecuador, los acusó por la figura de denuncia maliciosa, nacida de un informe de Anticorrupción relacionado con la Refinería del Pacífico. (I)