La Corte Suprema de Brasil negó hoy un pedido de suspensión intentado por el presidente Michel Temer contra el fiscal general, Rodrigo Janot, al que se había pedido separar de toda investigación sobre el mandatario por una alegada «enemistad«.
La decisión fue tomada en forma unánime por los nueve magistrados presentes en la audiencia, que avalaron claramente la actuación del fiscal Janot, quien ha acusado a Temer por delitos de corrupción y le investiga en varios frentes por prácticas similares.
Janot, quien en los últimos meses ha sostenido una dura ofensiva jurídica contra Temer, concluirá su mandato el próximo domingo y hasta ese momento podrá actuar en todos los casos que salpican al mandatario, e incluso presentar nuevos cargos.
A fines de mayo pasado presentó una primera denuncia formal por corrupción contra el mandatario, pero la acción no prosperó pues fue archivada por decisión de la Cámara baja, que por imperativos de la Constitución brasileña debe avalar la apertura de un juicio penal a un presidente en pleno ejercicio del poder.
Janot inició luego otras investigaciones sobre la actuación de Temer, sospechoso de haber recibido sobornos de empresarios a cambio de «favores políticos«, tras lo cual la defensa del gobernante pidió al Supremo que le impida actuar en esos casos.
Según los abogados, Janot mantiene un «obstinado empeño por encontrar elementos incriminadores contra el presidente, el cual es claramente excesivo» y «fuera de padrones adecuados y normales», lo cual consideraron que revelaba «una evidente enemistad».
Esos argumentos fueron rechazados hoy por el Supremo, que con esa decisión pudiera fortalecer la supuesta intención de Janot de presentar una nueva denuncia contra Temer, a quien ahora acusaría de intentar obstruir la acción de la justicia.
Las primeras acusaciones formuladas por la Fiscalía se apoyaron en testimonios de directivos del grupo JBS, que han confesado a la Justicia que han sobornado a Temer desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder, siempre a cambio del apoyo a medidas que favorecieran los negocios de esa empresa.
Lo más comprometedor es una grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, de una conversación que tuvo con Temer el pasado abril en la residencia oficial de la Presidencia, en la que narra maniobras ilegales que hacía en favor de su grupo ante el Gobierno y algunos jueces frente al silencio o la complacencia del mandatario.
Sin embargo, luego se comprobó que, en el marco de un acuerdo de colaboración que firmó con la Justicia, Batista omitió información o no llegó a comprobar algunas de sus acusaciones, lo que pudiera llevar a declarar la nulidad legal de su testimonio.
El acuerdo le imponía además una dura sanción pecuniaria a JBS y libraba a Batista y a su hermano Wesley de la prisión. No obstante, Joesley Batista fue encarcelado el pasado fin de semana y Wesley fue detenido hoy mismo.
Aún así, la Fiscalía sostiene que de la colaboración prestada por los dueños de JBS pudieran desprenderse sospechas suficientes como para acusar a Temer por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Si efectivamente hubiera nuevas denuncias ante el Supremo, serán remitidas otra vez a la Cámara Baja, para que repita todo el proceso que el pasado 2 de agosto concluyó con el rechazo de la mayoría de los diputados a las primeras acusaciones. EFE
(I)