La ministra ecuatoriana de Exteriores, María Fernanda Espinosa, hizo campaña hoy ante parlamentarios franceses en París en favor de su iniciativa para un tratado vinculante en la ONU sobre la responsabilidad de las multinacionales con los derechos humanos y medioambientales.
Espinosa, que fue recibida en la Asamblea Nacional por un grupo de diputados y organizaciones no gubernamentales, se felicitó en conferencia de prensa de la «inspiración» que debería suponer la ley francesa, «pionera» sobre esa cuestión, que se adoptó el pasado mes de marzo.
A su juicio, esa ley -que establece la obligación para las multinacionales francesas de disponer de un «plan de vigilancia» sobre la forma en que se producen sus bienes en toda la cadena de producción en los países donde tienen actividad- tendrá un impacto para los objetivos de «regular el trabajo» e «impedir la impunidad».
Esos son los objetivos del proyecto liderado por Ecuador y Sudáfrica en la ONU para poner en marcha un tratado internacional vinculante, y que será objeto de una tercera reunión de trabajo del 23 al 27 de octubre en Ginebra, durante la que se someterá un documento para iniciar la negociación.
La jefa de la diplomacia reconoció que no se puede anticipar en qué horizonte se podría alcanzar ese tratado, y también que no confía en que haya un voto en la sesión de octubre, a menos que ocurra «un milagro». Pero sí espera «una negociación profunda, esencial» y le gustaría que fuera «corta».
Se trata -dijo- de poner en marcha «mecanismos públicos de transparencia» y de «vigilancia» para cubrir el vacío legal actual y fijar un estándar al que se ajusten todas las compañías porque «las empresas han entendido que tiene que haber reglas comunes en todo el planeta».
En la primera reunión en la ONU en 2014 la resolución promovida por Ecuador y Sudáfrica para crear un grupo de trabajo recibió el apoyo de una veintena de países, pero desde entonces «la situación ha cambiado mucho», aseguró Espinosa, que ayer se entrevistó con el ministro francés de la Transición Ecológica, Nicolas Hulot, con quien, precisó, no abordó la posición de París.
El diputado que fue el ponente de la ley francesa, Dominique Potier, más allá de subrayar el carácter pionero de su país por tener la disposición «mas avanzada», afirmó que ya está empezando a tener consecuencias.
«Hay un signo que no engaña» -indicó Potier-, que es la demanda de consejos a los abogados especializados por parte de las empresas, pero también que «en la cabeza de las multinacionales esta ley se ha hecho ineludible» y ahora quieren igualdad de trato para los grupos con los que compiten. EFE