Nos asegura que ese dinero podrá ser retirado en cualquier momento. Ante estas promesas, decidimos depositar los recursos de los cuales depende nuestra subsistencia; sin embargo, una vez que hemos depositado nuestro dinero descubrimos que:
1. Lo utiliza para dar créditos a su dueño para que este pague sus gastos que además son desmedidos.
2. Cuando llega el momento de que el dueño pague las deudas, dicho banco acepta de su propietario acciones de empresas que las sobrevalora a su conveniencia, con la finalidad de reducir la deuda en la mayor cantidad posible.
3. El banquero presta a otras instituciones financieras también de propiedad del banquero con el supuesto fin de fomentar la producción; sin embargo, dichas instituciones terminan entregando el dinero al mismo dueño del banco.
Todos estaríamos de acuerdo que una entidad manejada de esa manera no merece confianza y que su gestor ha actuado de manera irresponsable.
Lo descrito suena como una crónica de las malas prácticas que nos llevaron a la crisis bancaria de, pero no es así. Es una descripción casi textual de lo que ha hecho el Gobierno ecuatoriano con el Banco Central del Ecuador (BCE) durante la última década.
A partir de la vigencia de la Constitución de Montecristi, en 2008, el Banco Central del Ecuador pierde su autonomía y queda bajo el control del Ejecutivo. En tales circunstancias, el entonces presidente, Rafael Correa, descapitaliza al BCE en el 2011, en US$369 millones. Ordenó que se transfieran las acciones del Banco del Pacífico de propiedad del BCE a la Corporación Financiera Nacional, a “título gratuito”; en resumen, como regalo. Aquí habrá quien diga que fue un mero cambio de un bolsillo del Estado a otro, que por tanto no supone perjuicio, lo cual es discutible. Pero la historia no queda ahí.
El Banco Central empezó simultáneamente a entregarle recursos al Gobierno Central, que es el dueño del Banco y quien toma las decisiones desde el 2008. En resumen, el dueño del BCE lo utiliza para prestarse dinero a sí mismo. La deuda llegó hasta aproximadamente $5.800 millones. Aquí viene lo interesante, súbitamente el Gobierno decide pagar un tramo importante de la deuda adquirida, pero no lo hace con dinero. En mayo de 2017 el Gobierno entrega como pago acciones de BanEcuador, CONAFIPS y la CFN, con una sobrevaloración notoria.
En definitiva, el BCE entregó US$2.100 millones en dinero al Gobierno, y luego recibe como pago, acciones sobrevaloradas. Lo que es peor: se trata de acciones que no se pueden vender y por lo tanto nunca se podrá recuperar el dinero que los depositantes le entregaron al BCE y este pasó al Gobierno Central.
Es obvio el prejuicio. Una forma internacionalmente aceptada de medir la razonabilidad de una venta de una empresa es determinando por cuantas veces las utilidades de un año representa el valor de la compra, por ejemplo si pago US$100 por una empresa que tiene utilidades de US$10, he pagado 10 veces la utilidad. En mercados como el chileno esta relación para algunos bancos en promedio es 10 veces la utilidad. En el caso de las acciones que recibió como pago el BCE se registran las siguientes relaciones: CONAFIPS 60 veces, Banecuador 30 veces y CFN 13 veces.
Por increíble que suene, esto no termina. Durante todo este tiempo el Gobierno ha drenado recursos adicionales del BCE en base a una triangulación con otras instituciones del Estado. Desde el 2010, el BCE inyectó recursos a entidades financieras públicas como el Banco del Estado, Banecuador y la CFN, que según la ley deben emplear tales recursos en la promoción del sector productivo. No obstante, dichas instituciones han invertido el 85 por ciento de ese dinero en bonos del Estado; es decir, que de cada US$100 que debieron incentivar la producción US$85 no se utilizaron para ese propósito, sino para financiar al Estado mediante la compra de Bonos, actualmente tales operaciones asciende a cerca de US$1600 millones, una gran raya más al tigre enfermo del endeudamiento público.
Hace pocos días la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, controlada enteramente por el Ejecutivo, aprobó un nuevo préstamo del Banco Central a Banecuador por $400 millones. ¿Cuál será el destino final de esos recursos?. ¿Correrá la misma suerte que lo narrado anteriormente?
Lo que ha pasado y sigue pasando con el Banco Central es grave, nos afecta a todos. Porque los recursos que maneja está institución provienen en buen porcentaje del dinero de los depositantes de la banca privada, que por obligación legal las instituciones financieras deben mantener depositado en el BCE.
Considero que, todo lo expuesto exige una explicación de las autoridades que manejan la política financiera del país, y de encontrase responsabilidades, deben enfrentar administrativa, legal y políticamente por la afectación causada. (O)
* Marcos López Narváez fue miembro del Directorio del Banco Central y es Miembro del Observatorio de Política Fiscal