En la primera pregunta, voto NO

Y lo he decidido porque creo que la posibilidad de declarar la muerte civil de una persona que haya sido condenada por corrupción entraña un grave peligro para una sociedad en la que no existe seguridad jurídica, y en la que es lícito dudar de la independencia, no solo de los jueces, sino de las fiscalías y los organismos de control. Y más aún cuando, a estas alturas, nada nos permite suponer que esa situación cambiará en un futuro inmediato.

¿Se imaginan ustedes una sociedad en que el Poder puede decidir quiénes puedan ser candidatos o no en unas elecciones? Digamos que otorgamos el beneficio de la duda al actual régimen, y que no creemos que el Presidente Lenín Moreno sea capaz de intentar inhabilitar a sus opositores utilizando a la justicia para condenarlos como corruptos. ¿Y los mandatarios que vengan después? ¿Cuán seguros estamos de que no vamos a tener otra vez otro Rafael Correa? Abrir esa posibilidad entraña un peligro enorme y yo creo que es mejor, más seguro, que sean los propios ciudadanos, en base a la información a la que tengan acceso gracias a una prensa libre y plural, quienes decidan ellos mismos si deben votar nuevamente por algún Jorge Glas o no.

Bien es verdad que pese a toda la corrupción de su gobierno, en Brasil, el expresidente Lula da Silva encabeza todas las encuestas presidenciales. Y entiendo el clamor ciudadano de poner un límite a los políticos corruptos. Pero no sea que el remedio resulte peor que la enfermedad, y que lo que pretendemos aprobar en la consulta, no solo no disminuya la corrupción, sino que le dé poder a unas políticos enquistados en el gobierno, para vetar la participación de sus opositores mediante el fácil arbitrio de acusarlos de algún crimen y condenarlos basados en el control de la justicia.

Basta recordar lo que ocurrió con el exasambleísta Galo Lara, condenado a diez años de prisión después que un tribunal de tercera instancia lo declaró cómplice del asesinato de una familia entera en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Galo Lara era uno de los más importantes asambleístas de oposición cuando fue acusado de ser el autor intelectual del crimen por el Ministerio del Interior, liderado por el actual Presidente de la Asamblea, José Serrano. La Corte lo procesó, por pedido del Fiscal Galo Chiriboga, aun cuando la Asamblea Nacional se negó a despojarlo de su inmunidad parlamentaria. Todo en medio de una feroz propaganda dirigida por la Secretaría de Comunicación de Fernando Alvarado, quien no solo lo declaró culpable desde la prensa oficial, sino que además invirtió fuertes sumas a través de trolls centers, para convencer a la audiencia de su culpabilidad.

No hubo ninguna independencia en el juicio contra Galo Lara. Ni de los jueces, ni del Fiscal, ni del Ministerio del Interior, ni de la Secretaría de Comunicación. Y pese a ello, la acusación era tan burda, que la Corte Nacional de Justicia lo declaró inocente de la acusación de autoría intelectual. Solo para que una de las salas, a la que el caso llegó en apelación, acabe condenándolo como cómplice y le dé una pena de diez años.

Galo Lara está preso en un penal de alta seguridad mientras aquellos a los que fiscalizaba en la Asamblea Nacional siguen libres gozando de sus fortunas. Galo Lara es un preso político, víctima de una infamia orquestada por el poder, perseguido por unos organismos de control, de cuya catadura moral ya no tenemos ninguna duda. ¿Y ahora un régimen del mismo partido que utilizó todos los recursos del poder judicial para condenar a un opositor, nos pide que votemos sí para que acceder al poder de eliminar de toda contienda electoral a cualquier persona que ese mismo poder judicial juzgue como corrupto?

Creo que seríamos muy ilusos si en esta pregunta votamos que sí. ¿Se puede acaso confiar, respecto a este tema, en un gobierno que tiene a Rosana Alvarado como ministra de Justicia? No. Yo voy a votar que NO en la primera pregunta. Y honestamente creo que todos deberían hacerlo.

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