Puigdemont, capturado en Alemania

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont (c) a su llegada a la rueda de prensa que ofreció en el club de la prensa de Bruselas, Bélgica, hoy 31 de octubre de 2017. Puigdemont llegó este lunes a Bruselas después de que el fiscal general del Estado de España, José Manuel Maza, anunciara una querella por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gobierno regional, así como otra querella contra la mesa del Parlamento autónomo. EFE/ Olivier Hoslet

Barcelona (España), 25 (EFE).- La Policía alemana ha detenido al expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, cuando cruzaba en coche la frontera desde Dinamarca, según informaron a Efe fuentes policiales españolas.

Según había informado a Efe su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas, los agentes lo pararon hoy poco antes de las 12:00 horas (10:00 GMT) en una carretera en dirección a Hamburgo (Alemania), desde donde tenía la intención de regresar a Bélgica, donde vive desde hace unos meses, para ponerse «a disposición» de las autoridades belgas.

Un juez español reactivó el viernes pasado la euroorden de búsqueda y detención contra el exgobernante catalán tras procesarlo por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso de independencia ilegal iniciado en la región española de Cataluña en 2017.

Puigdemont, que procedía de Finlandia, tiene fijada la residencia en Waterloo (Bélgica), adonde se marchó a finales de octubre de 2017 para eludir la acción de la Justicia española, tras ser destituido por el Ejecutivo español.

La noche del viernes, Carles Puigdemont -que tenía unos billetes de avión para regresar a Bruselas ayer- abandonó Finlandia rumbo a Bélgica, según confirmó el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de sus anfitriones en el país nórdico.

Su abogado había asegurado el sábado que Puigdmeont se presentaría a la Policía de Finlandia, pero luego señaló que el político catalán ya no estaba en ese país nórdico y seguiría «a disposición de la Justicia belga».

Puigdemont se había trasladado a Helsinki el pasado jueves para impartir una conferencia y estaba siendo buscado desde ayer por las autoridades finlandesas.

Alonso-Cuevillas está poniéndose en contacto con abogados alemanes para organizar la asistencia jurídica del expresidente catalán.

El Ejecutivo español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración a favor de la independencia.

Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron este viernes con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes (nueve de ellos también por malversación).

El juez Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco y pidió la detención de cuatro huidos al extranjero, entre ellos Puigdemont.

Los cuatro restantes, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC), ya estaban encarcelados preventivamente.

Además, el juez español decidió enviar a juicio a otros doce investigados por cargos como desobediencia y malversación.

El contexto alemán

Puigdemont está detenido en la prisión de Neümunster, cercana a Kiel, la capital del estado federado de Schleswig-Holstein (norte), según informa el diario alemán «Bild».

De acuerdo al sistema federal de Alemania, la competencia no corresponde a la Fiscalía federal (con sede en Karlsruhe, en el suroeste) sino a la del Estado federado de Schleswig-Holstein, donde fue detenido.

El procedimiento puede ser rápido, en caso de que Puigdemont acepte ser entregado a España, mientras que si recurre el plazo de la Fiscalía para pronunciarse puede oscilar de 15 a 45 días, prorrogables en última instancia a 60.

Los artículos 81, 82 y 83 del Código Penal alemán, recogidos en Título II de la Sección Primera sobre delitos de traición a la paz, alta traición y puesta en peligro del Estado democrático de Derecho, despejan el panorama hacia una futura extradición del secesionista.

El artículo 81 del Código Penal alemán describe que «quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia» perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania o cambiar el orden constitucional, será castigado con pena privativa de la libertad de cadena perpetua -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años».

Precisa igualmente que «en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años».

El artículo 82 sobre el delito de alta traición contra un Estado Federal castiga con esta misma pena de uno a diez años a quien intente con violencia o con amenaza de violencia «incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado» trate de «separar una parte de un Estado» o «cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado».

Al igual que sucede con el delito anterior, y se precisa que «en casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años».

Por último el delito de preparación de una operación de alta traición contra la Federación (artículo 83) se castiga con cárcel de uno hasta diez años aunque en casos menos graves esta pena será de tres meses hasta cinco años.

Petición de asilo

El expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont se plantea pedir asilo en Alemania, según informaciones del rotativo «Kieler Nachrichten», diario de la ciudad de Kiel (norte del país), a cuya Fiscalía corresponde estudiar la euroorden contra el política independentista.

Ese mismo medio apunta que las posibilidades de que prosperase una eventual solicitud son escasas, ya que la orden de detención europea tiene prioridad sobre un procedimiento de asilo, y remite su información a fuentes judiciales y del gobierno regional de Schleswig Holstein, el estado federado donde fue detenido.

Se espera que mañana Puigdemont comparezca ante la fiscalía de ese estado federal, a la que compete estudiar la euroorden contra el líder soberanista, que fue reactivada el pasado viernes por la Justicia española.

EFE

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