El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva cuenta los días para ir a la cárcel, condenado a doce años por corrupción, pero podría recuperar la libertad poco después gracias al mismo tribunal que le abrió las puertas de la prisión.
Los enredos judiciales que rodean al líder más popular del país tuvieron este miércoles un nuevo capítulo, cuando la Corte Suprema negó un «habeas corpus» que podría haberle librado de la prisión, una vez que su condena ha sido ratificada ya por dos tribunales.
El recurso alegaba que, de acuerdo a la Constitución brasileña, una persona no puede ir a la cárcel hasta tanto se agoten todas las apelaciones posibles, que en el caso de Lula llevan todavía a dos tribunales superiores, uno de ellos el propio Supremo.
En una ajustada decisión, los magistrados de la Corte Suprema optaron por seguir la jurisprudencia que ellos mismos establecieron en 2016 y por seis votos frente a cinco ratificaron que la ejecución de una pena puede comenzar tras ser confirmada en segunda instancia.
De esa manera, por una cuestión de trámites judiciales, la orden de encarcelamiento de Lula puede ser dictada a fines de este mismo mes, aunque la votación que negó el «habeas corpus» dejó abierta una rendija que en unos meses pudiera devolverle la libertad.
La clave está en la magistrada Rosa Weber, la única de los once miembros del Supremo cuyo voto estaba en duda en la audiencia de este miércoles y que acabó por inclinar la balanza contra Lula.
En su exposición de motivos, Weber dijo que, desde lo «personal», respaldaba la tesis de la defensa de Lula, pero que por su «respeto al colegiado» y por la decisión adoptada en 2016 por la corte no podía más que rechazar el recurso.
Sin embargo, dijo que pudiera revisar su voto si en un futuro se analizara el tema desde la óptica de una «repercusión general», que beneficiaría a todos los condenados en la misma situación de Lula.
Hace un par de meses, organizaciones de la sociedad civil afines a Lula pidieron al Supremo que revisara la validez de la prisión tras la segunda instancia con carácter general, pero la presidenta de la corte, Carmen Lucia Antunes, hasta el momento no ha pautado la discusión.
En medio del acalorado debate del «habeas corpus» de Lula, los magistrados Marco Aurelio Mello y Ricardo Lewandowski, que votaron por aceptar el recurso, recriminaron a Antunes por esa «omisión» y afirmaron que el resultado sería otro si el tema se hubiera tratado en forma general, y no en el caso específico del exmandatario.
Cuando concluyó la sesión, Mello aseguró que la decisión adoptada era «temporal», porque el tema «será planteado nuevamente», así sea cuando acabe el período de Antunes en la presidencia del tribunal, en septiembre próximo.
Antunes será sucedida por José Antonio Dias Toffoli, quien este miércoles se pronunció por acatar el recurso en favor de Lula, lo cual sugiere que sería más receptivo a esa revisión.
De ese modo, analistas jurídicos consideran que la decisión que mantiene la segunda instancia como el límite para un encarcelamiento sería derrumbada si prosperan las presiones contra Antunes o, en su defecto, una vez que Dias Toffoli asuma la presidencia de la corte.
Si así fuera, de ello pudieran beneficiarse tanto Lula como otros 77 políticos y empresarios ya en prisión por su participación en las redes de corrupción descubiertas a partir de Petrobras, que sólo volverían a la cárcel una vez agotados todos los amparos posibles.
En medios políticos de Brasilia se asegura que eso es respaldado por casi todos los partidos, en su mayoría implicados en la trama de la petrolera.
Uno de los principales obstáculos para esa posible revisión es la fiscal general, Raquel Dodge, quien ha anticipado un firme rechazo a una alteración de las normas actuales.
Dodge declaró esta semana que la decisión de 2016 «acabó con la sensación de impunidad y con el descrédito de la Justicia», toda vez que impide las «exageraciones revisoras» que «aniquilan el sistema» judicial, pues muchas veces favorecen la prescripción y amparan así a los corruptos, que llegan a pasar décadas apelando una sentencia.
Según la fiscal general, «una Justicia que tarda es una Justicia que falla» y los análisis de las pruebas que llevan a una condena se dan sólo en las dos primeras instancias, cuyos fallos no pueden ser puestos en duda por «recursos procesales». EFE