Managua (EFE).- El analista político y excandidato a la Presidencia Edmundo Jarquín advirtió hoy que las Fuerzas Armadas de Nicaragua podrían «eliminar» a cualquier jefe sospechoso de ser desleal al presidente Daniel Ortega, tal como ha ocurrido «entre la población».
El riesgo será latente, y abarca a las jefaturas de la Policía Nacional, mientras el Ejército no desarme a los paramilitares con los que Ortega ha reconocido tener vínculos en al menos dos ocasiones, aseguró Jarquín, en su sitio web La Nicaragua Linda.
«Por el momento, las víctimas de los paramilitares están entre la población que ha protestado contra el régimen de Ortega. Pronto, muy pronto, esas fuerzas, si no son contenidas y desarmadas, extenderán su represión al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), al Ejército y la Policía», detalló.
Datos de organismos humanitarios indican que desde el estallido social del 18 de abril pasado, han muerto entre 317 y 448 personas, en protestas contra Ortega, quien solo reconoce 198 fallecidos.
Jarquín, un disidente sandinista, basó su análisis en la experiencia de las fuerzas de choque del Partido Nazi de Hitler, que obedecían al líder más que a las leyes de su país.
«La ‘Noche de los cuchillos largos’ fue la purga que se realizó entre el propio partido nazi, para eliminar a todos aquellos dirigentes cuya lealtad a Hitler era dudosa. Lo mismo podría ocurrir dentro del FSLN», resaltó.
El riesgo es legítimo en el Ejército y la Policía nicaragüenses «porque cualquier alegación de institucionalidad y profesionalidad será vista con sospecha, como deslealtad», vaticinó el analista.
Desde el inicio de las manifestaciones contra Ortega los organismos humanitarios han recibido denuncias de policías que han recibido la «baja deshonrosa» o han muerto en circunstancias poco claras, supuestamente por negarse a disparar contra civiles, a lo que el Gobierno ha negado.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nicaragua vive una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática», que consiste en la «criminalización de manifestantes», frente a la primera -centrada en agresiones a protestas callejeras- y la segunda, con ataques armados contra ciudades rebeldes, todas con víctimas mortales.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción. EFE (I)
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