Ecuador en su laberinto

Juan José Pons

Guayaquil, Ecuador

En los próximos días el gobierno nacional enviará a la Asamblea los proyectos de reforma tributaria, laboral y del sector financiero orientados a las reformas estructurales que se requieren para dinamizar el aparato productivo. Es fundamental dar vía al crecimiento necesario para generar empleo, inversión y bienestar que permita elevar el nivel de vida de los ecuatorianos, buscando un equilibrio fiscal y una dinamización del comercio comercio exterior,  además, de garantizar una eficaz inversión social que mejore los niveles de educación, salud pública y seguridad de los ecuatorianos.

Para lograr la aprobación de estos proyectos y que estos cumplan con los objetivos nacionales que beneficien al pueblo ecuatoriano, mas allá de los compromisos con el FMI, es imprescindible que la visión del gobierno y de los funcionarios llamados a defender esos proyectos tanto en el ejecutivo como en el legislativo sean coherentes con los principios de una economía y una sociedad  moderna y globalizada altamente competitiva digna  de una república liberal y democrática como son aquellos países de éxito en el mundo.

Dicho esto, es aquí cuando nos enfrentamos al laberinto ecuatoriano en el que el mismo gobierno que propone estos proyectos es el mismo que no reduce el gasto público y que desde adentro y con cuestionable actitud promueve la CRIMINALIZACIÓN de las actividades productivas y comerciales de los sectores agrícolas y pecuarios  del país como lo establece el infame articulo 71 del nuevo COIP recientemente aprobado por la asamblea.

Estas contradicciones que van desde lo conceptual hasta los intereses creados en conflicto con las necesidades de los ciudadanos agobiados por el alto costo de la vida son las que debilitan la fuerza ideológica de la racionalidad económica en función del bien común de nuestra sociedad y nos hace pensar que las medidas de reforma no tienen otro objetivo que mantener el status quo en el modelo económico incrementando ingresos y capacidad de endeudamiento no productivo esta vez con el aval del FMI.

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