Quito, 09 de octubre de 2019.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos en contra del asambleísta de Sumbuíos, Yofre Poma, el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez (ambos de las filas correístas), y siete personas más, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público.
El juez nacional David Jacho, al finalizar la audiencia, dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
En la diligencia, que duró casi siete horas y se desarrolló en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía presentó los elementos de convicción que hacen presumir la participación de los procesados en el mencionado delito.
Estas personas fueron detenidas el 7 de octubre cuando habrían ingresado violentamente –con palos y fierros– a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, cantón Nueva Loja (Lago Agrio).
Los procesados habrían entrado a la sala de control de operaciones destruyendo las puertas del edificio y con la amenaza inminente de atentar en contra de la integridad de los equipos de bombeo del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), así como de los operadores de Petroecuador.
Según la Fiscalía, el SOTE se habría detenido durante dos horas y diecinueve minutos. Esto implica la paralización de un servicio público del área estratégica, conforme lo determina el artículo 326 numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, ocasionando un perjuicio económico al Estado de 1’723.918,72 dólares.
Entre los elementos de convicción presentados consta un informe que indica que durante la paralización no se bombearon 31.286 barriles de crudo. A esto se suma la inspección ocular técnica de reconocimiento del lugar de los hechos y versiones de testigos y agentes aprehensores.
Los otros procesados son José G., director de Comunicación del Gobierno Provincial de Sucumbíos; Jenny R., presidenta de la Asociación de Empleados Públicos de Sucumbíos; el concejal Víctor B. y el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.
En este caso se aplicará el procedimiento directo por lo que la audiencia de juzgamiento se realizará el próximo 18 de octubre, a las 09:00.
El delito de paralización de un servicio público está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.