Guayaquil, Ecuador
Un rasgo característico del Estado de derecho es la publicidad de los actos de gobierno. ¿De todos los actos? No necesariamente. En ciertas cuestiones relacionadas con la seguridad del Estado esto no es posible, no así en cuestiones como la contratación de deuda pública y la venta de bienes del Estado.
La publicidad, en estos casos, es imprescindible, tanto para el control de la calidad del gasto como para la evaluación de la gestión gubernamental y la vigilancia sobre el buen uso de los recursos públicos.
¿Por qué, entonces, en el país, sigue recurriéndose a las cláusulas de confidencialidad y al sigilo en operaciones tales como la venta del Banco del Pacífico?
Si el objetivo de la confidencialidad es la protección, cabe preguntarse ¿qué o a quién se está protegiendo con el sigilo en el proceso de venta del mencionado banco? ¿De qué se lo protege? ¿Por qué? Tenemos ya una nefasta experiencia con el secretismo que la “revolución ciudadana” impuso a los contratos de deuda pública con la China. Hasta el punto de que, hasta ahora, no sabemos con seguridad a cuánto mismo asciende la deuda contraída.
Gracias a la transparencia de la información pública, acceder a la cual es un derecho, sabemos que en el período marzo-agosto de 2020, el Ministerio de Salud, hospitales generales y de especialidad, cuerpos de bomberos, juntas parroquiales y municipios, compraron fármacos y otros insumos médicos para enfrentar la pandemia de la Covid-19 en el país.
Entre los fármacos adquiridos se encuentran la ivermectina, el tocilizumab, el lopinavir, el ritonavir, el oseltamivir, la cloroquina y la hidroxicloroquina. Adicionalmente, se adquirieron vitaminas, pruebas rápidas y túneles de desinfección.
Gracias a esta información, podemos preguntar a las autoridades sanitarias del país por qué se compraron medicamentos (todos los que están en negritas) que la OMS recomienda no adquirir, a no ser que se los use en el contexto de ensayos clínicos o, si se los usa para tratamientos en investigación, siempre y cuando se constate que no hay ningún tratamiento de eficacia comprobada; que no es posible hacer estudios clínicos de forma inmediata; que hay datos preliminares de estudios en laboratorio o animales; que las autoridades competentes y un comité de ética han aprobado el uso de dichos medicamentos; que se cuenta con los recursos necesarios para reducir al mínimo los riesgos de su aplicación; que se tiene el consentimiento informado de los pacientes. La OMS, además, recomienda “que se supervise el uso de la intervención en casos de emergencia y los resultados se documenten y compartan oportunamente con la comunidad médica y científica”.
Por lo que se sabe, este último criterio no se ha cumplido. Según la doctora Ruth Jimbo, docente e investigadora de la PUCE, no se conoce que se haya supervisado, por parte del Ministerio de Salud, el uso de drogas experimentales durante la pandemia. Al parecer, cada hospital y centro de salud ha ido definiendo sus propios protocolos de atención. Hace falta, pues, un informe técnico, veraz y objetivo, sobre los resultados del uso de estos medicamentos en el tratamiento de la Covid-19 en el país.
¿Fue, realmente, un gasto eficaz? Sin esta información, cualquier compra posterior de los mismos fármacos resultaría inapropiada y antieconómica. La comunidad científica debe saberlo, y la ciudadanía también.
De lo que sí estamos seguros, por el momento, es de que la compra de vitaminas E, B y C -que no cumplen ningún papel en el tratamiento de la Covid-19-, en la que se gastaron 65.213,53 dólares, y de túneles de desinfección -absolutamente inútiles-, en cuya compra se invirtieron 42.567,20, ha sido un desperdicio de dinero.
¿Demasiado poco? En economía doméstica, a los gastos pequeños e innecesarios, que se hacen de manera reiterada y casi inconsciente, se les denomina “gastos hormiga” (Paula Roldán). Estos gastos, sumados, pueden tener un impacto importante en el presupuesto personal y familiar.
Lo mismo ocurre con los pequeños e innecesarios gastos que se hacen en el sector público. ¿Qué porcentaje del malgasto del sector se debe a las compras de baja cuantía? Sería interesante saberlo.
La publicidad de los actos de gobierno permite su control y corrección. Por el contrario, el secretismo, aunque asuma una forma legal, es un acto doloso, que siembra la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas. El secretismo, tan usual en la mala política, coarta el derecho de los ciudadanos a la información y fomenta la corrupción. Informar de manera suficiente y oportuna, en cambio, es una muestra de buena política. La que esperamos que, algún día, termine de imponerse a la mala política, esa con la que los malos políticos han venido desgobernando desde hace ya demasiados años el país.