Dos exguerrilleros de las FARC han sido asesinados desde el inicio del 2021

Exguerrilleros de las farc descansan hoy por las calles de Quetame (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Un excombatiente de las FARC fue asesinado en la noche del sábado en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, informó este domingo la Policía Nacional sobre el segundo de estos casos contra exguerrilleros que ocurre los tres primeros días del 2021.

El comandante encargado de la Policía de Caquetá, coronel Franklin Cruz, afirmó que «Duván Arled Galíndez Nadia, quien figura en el listado de personas reincorporadas de las extintas FARC», fue atacado por un hombre armado tras salir de un establecimiento público del barrio Antioquia de Cartagena del Chairá.

«La víctima (…) fue trasladada al centro hospitalario del municipio, donde posteriormente falleció por la gravedad que revestían las heridas», agregó el oficial, que señaló que en la zona operan disidencias de las FARC.

Ante lo ocurrido, la Policía y la Fiscalía realizan «todas las acciones necesarias para esclarecer este hecho y dar lo más pronto posible con el paradero de los responsables para dejarlos a disposición de la justicia».

La senadora Victoria Sandino, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), denunció en Twitter el crimen de Galíndez, «segundo asesinato en lo que va del 2021».

«¡Exigimos la implementación integral del Acuerdo de Paz!», escribió la congresista.

Segundo asesinato del 2021

Este caso se suma al denunciado el viernes por el representante a la Cámara Omar Restrepo, quien dijo que Yolanda Zabala se convirtió en la primera excombatiente de las FARC en ser asesinada en 2021, un crimen perpetrado por desconocidos en el municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia, en el que también murió la hermana de la exguerrillera.

Con estos crímenes ya son 251 los antiguos miembros de la guerrilla asesinados desde que el Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En julio pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales, entre ellas la Fiscalía y la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, tomar medidas de protección para exmiembros de las FARC.

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