Agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, a órdenes de la Fiscalía, han ejecutado un acto urgente y allanado la oficina del juez Carlos Soto, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, por presuntas irregularidades en el sorteo de causas para resolver el recurso interpuesto por Jorge Yunda en contra de la resolución del Concejo Metropolitano de Quito, que lo destituyó.
En la Unidad Judicial de la Familia, Niñez y Adolescencia, se levantaron, entre otros indicios, el teléfono celular de Gabriela B., oficinista de la dependencia, y se incautó un computador asignado a la funcionaria.
La Fiscalía también ha allanado el despacho de la jueza María Belén Domínguez y la oficina de ingreso de causas en el Complejo Judicial Sur, en Quitumbe, como parte del mismo acto urgente. Se levantan indicios.
El jueves 8 de julio, ambos jueces, María Belén Domínguez y Carlos Soto, fueron suspendidos por el Consejo de la Judicatura (CJ) luego que se detectara irregularidades en el proceso de sorteo de las dos acciones de protección que presentó Jorge Yunda, y que los jueces fallaron a su favor en un intento por frenar su remoción.
Según el Consejo de la Judicatura se han detectado irregularidades en los sorteos de los dos recursos presentados por Yunda.
La primera acción de protección fue ingresada como una denuncia de violencia.
La garantía de acción de protección tiene como competentes a todos los juzgadores de todas las materias, por lo que el número de juzgadores es mucho mayor (215 juzgadores a nivel de Quito).
Por otro lado, en materia de violencia, los jueces competentes en esta materia son mucho menores, por lo que se reduce a cinco juzgadores, eso se está investigando. «Este acto es irregular. Algo que ingresa por violencia tenía que haberse tratado como garantía y esa es la presunta irregularidad», agregó Maldonado.
En el segundo caso, explicó Maldonado, «tenemos algo sumamente grave». «No se registra sorteo en los sistemas del CJ. «Lo que registramos es que ha habido una asignación directa, sin sorteo».
Las acciones de protección presentadas por Yunda, que debían ser en materia de garantías constitucionales, fueron ingresadas en materia de violencia y de juicio verbal.
