La Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), pero declaró no vigentes los artículos que implementaban un sistema de jubilación especial para los docentes y el incremento de remuneraciones para los mismos, hasta que la Asamblea Nacional resuelva los “vicios formales de inconstitucionalidad” que detectó en el trámite de aprobación de dicha ley.
La Corte detectó los siguientes vicios de inconstitucionalidad formal: en el régimen de jubilación especial de los docentes, se omitió deliberar con base en informes actuariales actualizados y específicos, en transgresión de los artículos 368 y 369 de la Constitución; en lo atinente al aumento de remuneraciones de los docentes, se lo hizo sin
un análisis de factibilidad financiera.
La Corte dio 30 días de plazo a la Asamblea Nacional para que subsane subsane las referidas omisiones. Producida la
subsanación o agotado el tiempo, resolverá sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones afectadas; hasta tanto, estas no tendrán vigencia.
La Asamblea deberá discutir y votar en dos debates sobre los textos propuestos en ratificación o sustitución de las disposiciones cuestionadas, y elaborados con estudios actuariales. La Presidencia de la República se pronunciará sobre los textos aprobados.
El fallo se aprobó con ocho votos a favor y uno en contra, el del juez Enrique Herrería, en una sesión ordinaria mantenida este 11 de agosto y, como parte de su decisión, se levantaron las medidas cautelares de suspensión del resto de disposiciones, emitidas el 20 de mayo pasado.
La Corte ha «deplorado» que Asamblea Nacional y el expresidente de la República (Lenín Moreno), hayan aprobado disposiciones que aumentaron el gasto público, sin contar con análisis actuariales o análisis financieros actuales.
UNE canta «victoria»
La sentencia se ha emitido mientras dirigentes de la Unión Nacional de Educadores sostienen una huelga de hambre que ya dura 32 días, para presionar a los jueces de la Corte Constitucional para que emitan un fallo a su favor.
Hasta el momento, uno de los dirigentes de la UNE, Jorge Escala, (citado por El Universo) ha declarado “una victoria total de la UNE, padres de familia, estudiantes, y sobre todo de nuestros valientes huelguistas de hambre. La Corte declara constitucional la Ley”.
Los jueces tramitaron dos demandas de inconstitucionalidad planteadas por el ciudadano Javier Bustos Aguilar y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que centraban sus cuestionamientos a las disposiciones reformatorias de la Ley aprobada el 9 de marzo por el anterior periodo de la Asamblea Nacional.
Aprobadas por la Asamblea de Litardo
Las reformas fueron aprobadas por la Asamblea presidida por César Litardo, y fueron publicadas en el Registro Civil en abril de 2021. Entre las reformas, se establece que el sueldo de un maestro arrancará en 2,5 salarios básicos unificados, equivalentes a mil dólares. Actualmente el salario básico de un maestro es de US$800,oo. La reforma también eleva la remuneración por categorías y se permite una jubilación más flexible.
Tras ser aprobada por el Presidente Lenín Moreno, su propio ministro de Economía, Mauricio Pozo, dijo que para cubrir el incremento salarial que plantea la ley, se requieren US$3.000 millones de ingresos permanentes, y que al no existir los recursos para ello, la ley sería inconstitucional.
Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), opinó que la ley desestabiliza las finanzas públicas de manera desproporcionada, y es contraria a la Constitución que dice que en su artículo 287: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”.
Y que además presiona aún más a la ya quebrada Seguridad Social, porque en su opinión, esta no resiste un sistema con jubilaciones más tempranas.
