El Ministerio de Gobierno Francisco Jiménez ha ratificó este domingo su «apertura al diálogo como parte de la política del ‘Gobierno del Encuentro», en respuesta a la movilización nacional convocada por la CONAIE a partir de este lunes 13 de junio.
Asimismo, Jiménez formuló un llamamiento a los manifestantes «a expresar sus opiniones de manera pacífica, en el marco del orden público, el respeto a la Constitución y el Estado de Derecho».
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), una de las convocantes a la movilización nacional, asegura que la protesta arrancará «luego de haber agotado las instancias de diálogo (11 de junio, 4 de octubre y 10 de noviembre 2021)».
En noviembre de 2021, el líder de la CONAIE, Leonidas Isa, condicionó toda mesa de diálogo a que el Presidente Lasso decrete la rebaja del precio de los combustibles. Lasso prometió revisar el precio, y a finales de diciembre informó que ello no era posible.
La Conaie asegura que el Gobierno liderado por Guillermo Lasso «nunca mostró voluntad para atender las demandas sociales».
Gobierno teme bloqueo de pozos petroleros
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, cuestionó el sábado la movilización anunciada por los grupos sociales.
«La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?», señaló en un mensaje en Twitter.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, tildó de «muy grave» que el ministro «desde ya anuncie la represión que hará con la población civil», y le recordó que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y resistencia social.
Como reacción al trino de Carrillo, la Conaie se adelantó en responsabilizar al Gobierno y a Carrillo «de la violencia estatal, represión y vulneraciones a los derechos humanos que se ejecuten en contra de la población civil».
De su lado, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, advirtió este fin de semana que no permitirán daños durante las protestas.
«No vamos a permitir que se dé otro octubre, encontrarán en todas las autoridades del Distrito Metropolitano un cerco, un muro para evitarlo», indicó en referencia a las protestas de octubre de 2019, cuando unas manifestaciones sociales se tornaron violentas, hubo daños a infraestructuras públicas y privadas, así como retenciones momentáneas de miembros de las fuerzas de seguridad y saqueos.
La Conaie lideró en octubre de 2019 una protesta contra el Gobierno que entonces lideraba Lenín Moreno, y Ecuador quedó paralizado en gran medida del 3 al 13 de octubre por los disturbios.
En las protestas que comenzaron por un decreto que eliminaba históricos subsidios a la gasolina -luego derogado para aplacar las protestas-, murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
Lo que piden los manifestantes
Entre las exigencias de las manifestaciones que comienzan el lunes figuran la reducción del precio de los combustibles, «un alivio económico» para más de cuatro millones de familias con la «moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero.
Piden precios justos en los productos del campo, esto es que se pague un mayor precio a los campesinos. Al mismo tiempo exigen que se controle los precios de los mismos productos, esto es que no se permita que suban. Piden más empleo y, al mismo tiempo respeto a los derechos laborales, en oposición a una ley que flexibiliza las relaciones laborales para aumentar el empleo. Piden «la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera», así como una «auditoría y reparación ambiental por los impactos socioambientales».
De igual manera, el respeto a la educación intercultural bilingüe y que no se privaticen sectores estratégicos del Estado. No hay ningún plan para privatizar sectores estratégicos, salvo la venta del Banco del Pacífico, una institución financiera privada que cayó en manos del Estado tras su quiebra, la década pasada.
Al mismo tiempo que exigen aumentar el subsidio a los combustibles, piden mayor presupuesto para los sectores de la educación y la salud, y la seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas «para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra a Ecuador».
La movilización se realizará a nivel nacional en momentos en que rige un estado de excepción focalizado en tres provincias de la Costa, Guayas, Esmeraldas y Manabí, en un intento del Gobierno por frenar los altos índices de inseguridad.
- Con textos de EFE.