La mayoría parlamentaria dada por el correísmo (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) logró, nuevamente, imponerse hoy lunes 29 de agosto de 2022 con el tratamiento del pedido a juicio político contra los consejeros de mayoría y minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El presidente de esta comisión, Fernando Villavicencio, arremetió contra esta nueva mayoría.
«Lo que acaba de pasar el día de hoy es la confirmación, aunque no lo quieran aceptar, de que aquí priman los ceros, y a veces los ceros a la derecha», expresó Villavicencio.
Tanto el correísmo como su aliado (el PSC) impusieron su agenda tras evitar la moción de la asambleísta del oficialismo Ana Belén Cordero, vicepresidente de la Comisión, que buscó unificar los pedidos de interpelación a los consejeros de mayoría y minoría del CPCCS.
Gracias al apoyo de Bruno Segovia, coideario de Yaku Pérez decidió avocar conocimiento solo de una solicitud, en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Esto permitió volcar la balanza hacia el pedido que es impulsado por Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del ala radical de Pachakutik.
Reacciones en la comisión
«No hay muestra más clara y más evidente que quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana que la votación que acaba de ocurrir el día de hoy. Un juicio político a la carta», sentenció Cordero.
Villavicencio, por su parte, reprendió a Segovia:
«Fue usted quien me dijo que la proponente de este juicio político, Mireya Pazmiño, le solicitó a usted que asuma la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y también debo decir que fue la misma asambleísta Pazmiño, que me pidió que dividamos este juicio y que no permitamos que vayamos a un juicio unificado», dijo Villavicencio.
Ante esto, la tesis opuesta a la mayoría, busca demostrar un pacto, además, para tomarse la Comisión de Fiscalización.
Los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana son apuntados de una presunta ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial.
¿Tomarse la Contraloría?
A este organismo, también se lo quiere imputar una supuesta arrogación de funciones por incluir en el orden del día de la sesión ordinaria No. 3 del Pleno del Consejo el debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
La Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político con 5 votos a favor y 4 abstenciones.
La Comisión dejó pendiente para avocar conocimiento y calificar una segunda solicitud de juicio político. Esta vez en contra de los siete consejeros de Participación Ciudadana, interpuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik.
Para este proceso, el presunto incumplimiento de funciones tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, posibles irregularidades en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; y, por conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo, César Marcel Córdova.