El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, respaldado por los jefes de bloque del correísmo y los socialcristianos, más dos legisladoras expulsadas de Pachakutik y la Izquierda Democrática, han difundido un comunicado en que denuncian un intento de golpe de Estado por parte del Presidente Guillermo Lasso y amenazan destituirlo.
«Aplicado la disposición constitucional del artículo 131, el Parlamento ejecutó el juicio político contra cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana», expresan, en referencia a la destitución de la mayoría de ese consejo, de tal manera que el grupo afín a la mayoría parlamentaria de oposición tome el control del CPCCS.
«Estos, en el afán de mantenerse en su cargo, y abusando de acciones constitucionales, presentaron una serie de medidas cautelares por más de seis ocasiones, con un mismo texto, en un cantón distinto de la capital de la República y sede de la Función Legislativa», se quejan.
Y a la vez, se lamentan de que, «el Gobierno Nacional, en lugar de rechazar tales acciones, auspicie y avale estas medidas» que, arguyen, son «contrarias a la Constitución, atentan abiertamente contra la democracia y carecen de eficacia jurídica».
«El comunicado del Ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llega al extremo de querer solapar un golpe de estado blando, en contra de la Asamblea Nacional«, añade.
🔴Comunicado | La Asamblea otra vez no logra tener quórum para tratar temas trascendentales para el país. pic.twitter.com/y2rDlinE52
— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) December 19, 2022
¿Destitución de asambleístas?
El comunicado del ministro Jiménez al que se refieren, critica que la mayoría detrás de Saquicela, no haya dado quórum el domingo 18 de diciembre para posesionar al Superintendente de Bancos Roberto Romero Von Buchwald nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana (cuya mayoría fue destituida por el Congreso, pero restituida por el juez multicompetente de La Concordia, Ángel Lindao, quien concedió medidas cautelares a los destituidos).
La frase de Jiménez, afirmando que los asambleístas de mayoría que no dieron quórum para posesionar a Romero como Superintendente de Bancos, «irrespetaron y desacataron de forma expresa decisiones judiciales emitidas por autoridad competente», podría significar que dichos asambleístas pudieran ser destituidos por el juez Lindao.
«Parece que no han aprendido de la más reciente experiencia internacional», agregan los asambleístas en aparente referencia al Perú, donde el Congreso destituyó al Presidente Pedro Castillo después que este disolviera al Congreso.
¿Destitución del Presidente de la República?
Y continúan: «Si el Ejecutivo insiste en este descabellado despropósito, se derivaría una grave crisis política nacional, dejando como única alternativa la aplicación del artículo 130 numeral 2 de la Constitución», que prevee la destitución del Presidente de la República.
«Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a que visiten Ecuador, para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional y las pretensiones destinadas a eliminar a la Función Legislativa«, agregan.
«Finalmente, por prudencia, serenidad y por mantener la Paz, a pesar del descontento del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional ha venido garantizado la democracia. Si el Gobierno no lo hace, será el único responsable de las consecuencias», concluyen.
