La Fiscalía de Colombia le negó al Gobierno la solicitud de levantar las órdenes de captura contra 16 paramilitares del Clan del Golfo y de Sierra Nevada que serían voceros en la «paz total», una de las propuestas bandera del presidente colombiano, Gustavo Petro.
Así lo expresó la Fiscalía en oficios enviados este viernes al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en los que que le explican que «no existe marco normativo que precise los términos del sometimiento de Grupos Armados Organizados sin carácter político, ni de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto».
En consecuencia, la Fiscalía «no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el Presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidos como ‘Clan del Golfo'».
LAS JUSTIFICACIONES
Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pedía que se levantaran las órdenes de captura, aparece Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias «Chiquito Malo», quien tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», pasó a ser el máximo cabecilla del Clan del Golfo.
El ente acusador sustenta su decisión en la independencia judicial y los jueces de la República para pronunciarse frente a las solicitudes de suspensión de órdenes de captura.
Además, refuerza al asegurar que un fiscal no puede suspender las medidas penales que toman los diferentes jueces del país, pues si procede en ese sentido «sería una limitación a los principios de separación de poderes y autonomía judicial».
Para negar la petición del Gobierno, la Fiscalía también recordó que esas organizaciones delincuenciales no pueden ser reconocidas legalmente como actores políticos.
«En criterio de la Fiscalía General de la Nación, la Ley 2272 de 2022 limita el margen del Gobierno Nacional para reconocer estatus político a organizaciones criminales», puntualizó.
Según la Fiscalía, los 16 jefes de esos grupos armados ilegales deben someterse a la Justicia y seguirán con sus órdenes de captura activas.
El Gobierno había pedido levantar las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila; Jose Gonzalo Sánchez, alias «Gonzalito»; Alexander Celis Durango, alias «Byron»; y Jorge Emilson Córdoba Quinto, alias Negro Perea, a quienes el Gobierno de Petro reconoció como voceros de las AGC, también llamado Clan del Golfo.
Mediante el decreto 002 de 2023, también emitido el pasado 11 de enero, fueron reconocidos como representantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada a Fredy Castillo Carrillo, Evelio Castillo Carrillo, José Pérez Villanueva, Norberto Quiroga , John Rafael Salazar, Cesar Becerra Gómez, Eduar Castaño y a Santiago Rafael Pertuz Caballero.
Petro ha defendido una política de «paz total» a la que pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones de paz, aunque por el momento el ELN es el único con el que se ha iniciado un diálogo formal. EFE
