Quito, Ecuador
Hay escándalos que no solo exhiben a alguien. También muestran el entorno que lo hizo posible. El caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, pertenece a esa categoría incómoda. No es el derrumbe de una biografía. Es la justicia ecuatoriana enfrentándose a su propio reflejo.
La denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, de presiones, amenazas y maniobras alrededor del serbio Jezdimir Srdan, corrió la cortina. Y detrás no aparece solamente Godoy. Aparecen pactos, cálculos, favores acumulados, silencios oportunos y manos que entran demasiado cerca de los expedientes.
Y entonces la pregunta deja de ser retórica y empieza a incomodar: ¿quién vigila la justicia cuando se sienta a la mesa del poder y empieza a parecerse demasiado a quienes debería juzgar?
Pero Godoy no cayó del cielo. Lo pusieron. No apareció de la nada. Llegó a la Judicatura después de caminar por pasillos donde el poder no se anuncia, se ejerce. Fue procurador jurídico de Petroecuador, director de asesoría jurídica en la UAFE, coordinador de investigaciones en la Presidencia. Oficios que no salen en vitrinas, pero abren puertas.
Una hoja de ruta que transita siempre por el mismo vecindario: decisiones estratégicas, información sensible, circuitos donde la discreción vale más que cualquier diploma. Y entonces se impone otra pregunta: ¿quién abrió esas puertas? Nadie llega tantas veces a lugares así por accidente.
Una cronología que explica más que cualquier discurso
Godoy llegó a la Judicatura cuando el caso Metástasis había dejado el tablero en ruinas y todos fingían que seguían jugando ajedrez. Entró a la terna después de que retiraran a Hugo Landívar, el candidato incómodo. A partir de ahí, el resto fue mecánica conocida: favores, lealtades de ocasión, mayorías que se alquilan por horas. Oficialismo y correísmo coincidieron donde conviene. Lo posesionaron con solemnidad, como si eso fuera mérito.
Tocaba renovar el Consejo y no se renovó. Sonaron alertas y se bajó el volumen. Se pospusieron decisiones mientras Godoy consolidaba su permanencia. Para septiembre de 2025 ya estaba proyectado hasta 2031. Así, casi en puntillas, Godoy quedó sentado sobre uno de los poderes más discretos y decisivos del país. Hoy, el que diga sorprenderse llega tarde.
Si uno repasa la película sin trucos, la trama canta sola: diciembre de 2023 trae la caída de Wilman Terán. Julio de 2024 entrega la posesión entre maniobras. Entre 2024 y 2025 se acumulan denuncias que no estallan y un Consejo que no se renueva. Septiembre de 2025 asegura el futuro hasta 2031. Diciembre estalla con los audios, el juez Serrano, el conflicto de interés y la licencia urgente. Enero de 2026 lo encuentra camino a la Asamblea, mientras el presidente Noboa le insinúa que renuncie.
El hilo es sencillo y brutal: nada se desplomó de golpe. Todo se fue filtrando despacio, como una gotera que nadie arregla. Y cuando el agua llegó al piso, ya era tarde para fingir que el techo estaba intacto. Toda la casa apestaba a humedad.
El “caso Pendrive” y el pacto del silencio
La jueza Nubia Vera rompió el guion cuando denunció presiones para fallar contra Verónica Abad. A ese episodio se lo llamó “caso Pendrive”: el borrador de la sentencia, según ella, habría llegado en un USB, como fallo anticipado.
No fue una anécdota menor. Mostró la voluntad de intervenir en decisiones judiciales contra personas incómodas al poder. Después vino el truco clásico: el acusado pasó a acusador. Godoy la demandó por calumnia. Hubo recusaciones, cambios de abogados, idas y vueltas. Poco antes de asegurar su permanencia en la Judicatura, pidió extinguir la acción.
La historia terminó en conciliación y archivo. No porque todo estuviera claro, sino porque convenía que dejara de hacer ruido.
Fiscalía: cuando el derecho camina lento
Lo que el juez Serrano denunció es más que un episodio aislado. Audios, presiones, intentos de influir en decisiones judiciales. Un escenario donde aparece Henry Gaibor, hombre cercano a Godoy, recordándonos que el acceso a la puerta equivocada suele ser cuestión de confianza, no de formalidades.
Y luego, el ángulo que ningún sistema sano debería tolerar: la defensa del narcotraficante estuvo en manos de la esposa de Godoy y de un ex socio suyo. Delito o no, según lo que se pruebe, resulta difícil sostener que eso sea aceptable sin deformar el sentido de la ética pública. Cuando la línea entre lo privado y lo institucional se difumina, lo que se erosiona no es solo una reputación: es la confianza en la imparcialidad.
El poder abandona lo que ya no le sirve
Las mismas fuerzas que apoyaron el ascenso de Godoy hoy recomiendan su salida. El presidente Daniel Noboa le sugiere renunciar. La Asamblea lo convoca por unanimidad. El correísmo recoge firmas. ADN promete fiscalizar. No es súbita indignación moral. Es cálculo. Mientras Godoy funcionó, se sostuvo. Cuando dejó de ser funcional, se volvió carga.
El poder opera así: protege hasta que estorbas. Y, sin embargo, el punto no es si Godoy cae. La pregunta es qué piezas del sistema seguirán funcionando igual, incluso después de su caída.
Hay juristas que temen un desenlace previsible: renuncia rápida, escándalo controlado, silencio recompensado. Godoy ha insinuado que llegará a la Asamblea con “información contundente”, y cuando alguien anuncia que puede hablar, el poder suele apurar salidas amables. No por justicia, sino por supervivencia.
La Constitución abre una posibilidad real: incluso si renuncia, el juicio político puede continuar hasta un año después, con censura, con inhabilitación y con eventual remisión del caso a Fiscalía. Pero nada de eso ocurre por inercia. No basta con discursos. Hace falta voluntad.
Más allá del juicio político, la inactividad resulta difícil de explicar en términos jurídicos. El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, confirmó que la Fiscalía investiga de manera reservada las denuncias sobre presuntas presiones desde el Consejo de la Judicatura hacia jueces. A la fecha no hay allanamientos, ni incautación y custodia de dispositivos electrónicos, ni peritajes forenses sobre teléfonos, correos o computadoras.
El contraste salta a la vista. En otros procesos, Fiscalía y jueces han actuado con notable celeridad. Ahí está el caso Triple A, con allanamientos inmediatos. Ahí están los procuradores legales de los trabajadores de CNEL, investigados, con procesos disciplinarios abiertos y riesgo real de perder la licencia profesional. En cambio, cuando se trata de Godoy el derecho camina a paso corto, mirando al suelo, como si temiera tropezar con la verdad.
Aquí el panorama se vuelve más inquietante. El fiscal Alarcón aparece en causas especialmente sensibles para el poder político, y casi siempre del lado de los procesos que apuntan contra quienes resultan incómodos para el gobierno. Ahí está el caso Nene, que involucra al hijo de la entonces vicepresidenta Verónica Abad; el caso Triple A, que alcanza al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; y el caso Petroecuador, que roza a Federico Goldbaum, hermano de la exesposa del presidente Noboa.
Un mismo operador, los mismos círculos de tensión, y una coincidencia que, repetida tantas veces, deja de parecer coincidencia.
De Metástasis a Necrosis
Metástasis fue el diagnóstico. Lo que vemos ahora es peor: necrosis. Zonas del Estado que dejan de reaccionar, que ya no sienten, que se apagan lentamente mientras nadie quiere hacerse cargo del olor.
El caso Godoy no trata solo de Godoy. Expone una cultura de captura institucional, donde los órganos que deberían garantizar independencia terminan convertidos en fichas de negociación. Es el mismo sistema que exige mano dura contra el crimen organizado, pero tolera una suavidad calculada dentro de sus propias oficinas.
Por eso, su salida, con estrépito o en silencio, será apenas una escena. Lo decisivo vendrá después: si esas redes se investigan o se reciclan, si la ley se aplica, aunque incomode a quienes mandan, si aceptamos de una vez que la independencia judicial no es un eslogan, sino la estructura mínima que impide el colapso.
El caso Godoy revela que partes del sistema que ya no reciben oxígeno. Instituciones que se deterioran por dentro mientras el país discute solo la fiebre. Y aquí aparece el riesgo mayor: que caiga Godoy, que aplaudamos el gesto, y que nada más ocurra. Un presidente que se cruza de brazos, una Asamblea que se declara satisfecha, un país que cree haber “resuelto” el problema porque cambió un nombre en el organigrama. La necrosis no se cura así. Se administra.
La pregunta central no es quién cae. Es qué sistema estamos dispuestos a sostener cuando nos conviene y a condenar cuando nos amenaza. Si la respuesta vuelve a ser que todo depende de quién mande, entonces la conclusión es brutalmente simple: no defendíamos justicia. Defendíamos poder y privilegios.