La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández volvió a negar hoy ante la Justicia de forma «categórica y terminante» haber formado parte de una supuesta red de sobornos de empresarios y funcionarios durante el kirchnerismo (2003-2015) y denunció que es víctima de «abusos judiciales«.
La exmandataria (2007-2015) acudió este lunes a los tribunales federales de Comodoro Py, donde había sido citada por el juez Claudio Bonadio para ampliar su declaración indagatoria por los nuevos datos aparecidos desde que compareció ante el mismo juez por esta causa a mediados de agosto.
Como en aquella ocasión, la exmandataria volvió a presentar un escrito en el que denunció «gravísimas irregularidades» y «episodios ilícitos» en este proceso judicial en el que, aseguró, es investigada «por un juez enemigo o por un no juez».
En esa línea, aseguró que en el allanamiento que se realizó en su apartamento en Buenos Aires se impidió participar a su abogado de forma «ilegal e inexplicable», mientras que el realizado en su casa en la sureña localidad de El Calafate se extendió de manera «ilegítima y deliberada» con el fin de «seguir generando estrépito» y material para las portadas de los diarios.
«Además se filtraron a la prensa, como es de costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos ni objetos de procedencia ilícita», rechazó la exmandataria.
El escándalo se destapó el 1 de agosto pasado, cuando Bonadio ordenó los arrestos y comparecencias de decenas de empresarios y miembros del anterior Gobierno, con base en los cuadernos que durante una década escribió el exmilitar Óscar Centeno, chófer del Ministerio de Planificación.
Ahí contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a funcionarios durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.
El magistrado solicitó la pasada semana su comparecencia y la de otra decena de acusados para que declaren en los próximos días, entre los que están el ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio de Vido (ya en prisión preventiva por otra causa), el secretario de Coordinación y Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, y Gerardo Ferreyra, de la firma Electroingeniería.
Bonadio también convocó por primera vez y para finales de septiembre a los militantes kirchneristas Eduardo «Wado» De Pedro, José Ottavis y Andrés «Cuervo» Larroque, así como al empresario Sergio Szpolski.
En esa línea, Fernández señaló este lunes que la causa apunta contra dirigentes de una agrupación política -el kirchnerismo- que «nada tienen que ver» con los hechos investigados y que «resultan un blanco predilecto para los medios de comunicación concentrados afines a este gobierno».
«La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen», aseveró antes de mostrarse convencida de la «persecución política» de la que es víctima.
Asimismo, criticó que el procedimiento judicial está siendo «inédito y de características escandalosas» porque «quienes confiesan supuestos delitos que habrían cometido se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos», en referencia a los numerosos empresarios y funcionarios que se han acogido a la figura del arrepentido.
La exmandataria criticó que no se haya citado a declarar a los dueños de las empresas más importantes del país «que supuestamente habrían participado en los episodios que se dice estar investigando».
«Por si no se lo recuerda, hasta el año 2006, (el presidente) Mauricio Macri se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún arrepentido» también habría formado parte de la cartelización de la obra pública», advirtió.
La comparecencia de Fernández coincidió con el anuncio de un plan de equilibrio fiscal por parte de Macri, que contempla una reducción de 19 a 10 ministerios y un nuevo impuesto a las exportaciones, medidas dirigidas a paliar la crisis económica que afronta el país.
Fernández cuestionó que Bonadio la haya vuelto a citar en medio de las «peores noticias económicas» y consideró que la investigación nada tiene que ver «con un servicio de administración de justicia» y, «de manera torpe, busca distraer la atención de la opinión pública frente a una debacle política, económica y social que ya nadie puede ocultar». EFE
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