«La economía del país debe sustentarse en el fortalecimiento del sector productivo. La empresa, siendo el eje del sector productivo, debe contar con el marco adecuado para generar empleo y recursos económicos». Con este postulado, que bien podría encabezar un plan de gobierno, empieza la exposición de motivos del reciente proyecto del Ejecutivo en materia bursátil.
En su historia bicentenaria, Venezuela ha padecido la opresión como ningún otro país, y como ningún otro ha valorado la libertad. Fue la primera en decretar la independencia y fue la cuna del libertador. Su himno nacional es quizá el más antiguo de todos. Hace unos días, el venezolano Gilbson P. Beltrán me mandó por twitter la que —según entiendo— es la versión original, tal como corría —con guitarra barroca y voz— en abril de 1810 en las calles de Caracas. La estrofa de inicio es la misma del himno actual:
“Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó la ley respetando la virtud”.
Cuando los obreros hacen una huelga absurda y algunos compañeros se resisten, la mayoría sindical los acusa de “amarillos” y los presiona para que la acaten. ¿No es el modelo de Unasur? Primero aupados por Chávez y Lula; y ahora bajo la batuta de Maduro, apoyado por Brasil, Argentina, Uruguay y los miembros sudamericanos del Alba: Bolivia, Ecuador y Surinam; una mayoría a la que se suma Guyana. Paraguay depende del comercio con Mercosur; Colombia negocia con las FARC asociadas a Venezuela y Cuba; Humala fue apoyado por Chávez (los unía la admiración a Velasco Alvarado); y a Chile le preocupa parecer el infraterno del barrio. Mesa servida para el Sindicato Unasur, liderado por un exsindicalista formado en Cuba.
El populismo no es solo de «descamisados». Se fortalece sobre todo por alianzas con «los empresarios subsidiados desde el poder», como indica Sebreli.»Hoy la oligarquía es el Kirchenerismo y sus adláteres, y los empresarios subsidiados desde el poder. Hoy la nueva oligarquía son los kircheneristas que viven en el barrio de Puerto Madero». El autoritarismo implica necesariamente la corrupción: destruye de noche lo que hace en el día. Por ello «tiene que haber instituciones democráticas lo suficientemente sólidas y fuertes como para oponerse a las mayorías que en algún momento, enloquecen.»
Estas son las víctimas mortales de la reciente sentencia dictada por no otro que un magistrado de nuestro más alto tribunal de justicia: al menos tres instrumentos internacionales, dos artículos de la Constitución Política, un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, otro de la Ley Orgánica de la Función Jurisdiccional, uno del Código Penal, varios precedentes jurisprudenciales tanto del Ecuador como de otros sistemas iguales al nuestro, y una institución del derecho parlamentario y constitucional moderno, que se remonta a la Carta Magna y que tomó forma en 1790. La sentencia condena a la cárcel a un diputado, a pagarle una indemnización al Jefe de Estado, y pedirle disculpas por haber presentado una denuncia en su contra que no prosperó.
Tras la victoria del conservador Horacio Cartes en las elecciones presidenciales del domingo, Paraguay debe decidir si vuelve o no a formar parte del Mercado Común del Sur (Mercosur). Paraguay fue suspendido del Mercosur luego de que el bloque regional consideró contraria a su espíritu democrático e institucional la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo. Su reingreso, sujeto a la realización de elecciones, quedó programado para agosto, cuando el nuevo presidente paraguayo asuma sus funciones.
Como quiteño, creo que la Marcha de las Putas es la iniciativa que más orgullo me ha causado sobre mi ciudad. Es, además, la propuesta más transgresora que he visto en el ámbito de la protesta social. Una propuesta en la cual confluye no solo el sagrado derecho a la libertad de expresión sino los elementos más diversos del arte como el teatro performático y la música. La libertad estética, que pregonamos los asistentes a la marcha, es un derecho fundamental de los humanos. No puede volver a ocurrir que una mujer sea juzgada por su forma de vestir y menos por su conducta y apreciación de la vida. Peor aún que por tales motivos sean objeto de violencia física, psicológica o sexual. La Marcha de las Putas es el recordatorio de la sociedad que debemos llegar a ser.
Lo que ha sucedido en Venezuela, es el peor escenario al que se aspira llegar en una elección democrática, en un diáfana e incólume democracia. Es que la obscuridad y el sumarísimo proceso con que se manejó la situación electoral de la República Bolivariana de Venezuela, la acerca más a ser el perfecto ejemplo de lo que jamás debe suceder en ninguna sociedad que se considere democrática; donde el ganador tiene todo el derecho de reclamar para si el triunfo, pero el perdedor, no pierde el derecho de denunciar irregularidades y pedir sean transparentemente aclaradas.
Con ese apretado resultado, Nicolás Maduro se autoproclama Presidente sin ninguna legitimidad política. Y digo que se autoproclama porque su “victoria” es bendecida por una autoridad electoral que se debe al propio chavismo. Legitimada por una fiscal general igualmente chavista. Defendida por el presidente chavista en un Legislativo que ahora niega el derecho de palabra a la oposición, luego de partirle la cabeza a un diputado. Y porque la única justicia a la que Capriles podría recurrir para defender a la mitad de toda la votación de Venezuela, también está secuestrada por el chavismo. Se trata de un sistema que cierra filas para defender a su propio candidato. Lo que el pueblo haya decidido, al fin y al cabo, les tiene sin cuidado. Mal que bien, antes Chávez procuraba guardar mínimas apariencias. Al menos vistió con respaldo popular su destrucción metódica de las instituciones democráticas. Hoy Nicolás Maduro ha perdido la vergüenza.
No me parece fácil que el Congreso apruebe, a las carreras, una reforma constitucional como la sugerida el viernes por el presidente Juan Manuel Santos, para que él busque la reelección solo por dos años más –o su mandato se prolongue a seis– y que de ahí en adelante los períodos presidenciales se vuelvan de seis, sin reelección posible. Sería volver a cambiar la Constitución para acomodarla a una coyuntura. Además, así como seis años están bien para un buen mandatario, resultan insufribles para uno malo.
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