Opinión

Más de dos millones de ecuatorianos salieron de su país a finales de los años noventa y cientos de miles recalaron en aquella España de principios de siglo cuya economía crecía al 3% por año. Ahora, todo ha cambiado: el país de acogida está en recesión y, aunque no ha adoptado políticas contra la inmigración, sí ha tomado alguna medida que la altera, como la de retirar la tarjeta de asistencia sanitaria al extranjero sin papeles.

Ahora que el heredero del trono chavista en Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la gravísima decisión política de organizar y armar a unos dos millones de obreros con el fin oficial y declarado de “fortalecer la unión cívico-militar” y “para la defensa de la soberanía y la revolución”, los dueños actuales del Mercosur, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y “Pepe” Mujica, deberían opinar algo al respecto. Deberían confirmar, por ejemplo, si ese es el tipo de régimen político que tantas veces calificaron de demócrata, que insistieron en aceptar y que, finalmente, consiguieron meter a la fuerza en la organización regional de la que se creen amos absolutos.

George Washington, primer presidente de Estados Unidos, se presentó a una sola reelección a pesar de su inmensa popularidad y de que sus partidarios le imploraban continuar en el poder, inaugurando así una saludable tradición que duraría un siglo y medio hasta que Franklin Delano Roosevelt optó por romperla y presentarse a dos reelecciones. Tras esta experiencia de alteración del orden constitucional a cargo del presidente de turno, en 1951 Estados Unidos aprobó la enmienda constitucional No. 22, que codifica la tradición de Washington y cierra las puertas de manera prácticamente definitiva a la reelección múltiple.

En el año 2001, el PIB por habitante del Ecuador fue $ 1,955; para el año 2006 había subido a $ 3,425 y para el año pasado ya estaba en $ 5,697. Los tres datos no son de ninguna manera comparables entre sí porque su crecimiento se debe en parte al aumento de la producción y en parte al aumento de los precios. Pero sí son comparables con los datos del PIB por habitante de otros países.

Comienzo haciendo un rápido repaso de algunas normas constitucionales. Es deber «primordial» del Estado garantizar el efectivo goce de ciertos derechos, en particular el de salud (art. 3, 1º). En materia de derechos constitucionales las autoridades «deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia» (art. 11,4º). Es deber de los ecuatorianos «anteponer el interés general al interés particular» (art. 83, 7º).