Opinión

Defensa del defensor

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Más allá de la cursilería (que consta en un proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo presentado en diciembre pasado por el titular de esa dependencia) de intentar que por ley se declare que «las resoluciones del defensor del pueblo constituyen la esencia del respeto a las normas y principios que promueven la consolidación del Estado constitucional de derechos, es impensable aceptar la pretensión de convertir al tal defensor en omnímodo personaje con atribución hasta para clausurar empresas por 30 días. No solo por inconveniente (ya se ha visto cómo otros funcionarios de similar rango abusan a diario de sus «facultades» en el paisito), sino por inconstitucional.

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