Ecuador. domingo 10 de diciembre de 2017
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Uruguay: protestan contra Corte Suprema por fallo DDHH

MONTEVIDEO, Uruguay (AP) — El gobernante Frente Amplio, la central única de sindicatos y la asociación de familiares de desaparecidos convocaron el lunes una manifestación ante la sede de la Suprema Corte y cientos de personas concurrieron para protestar contra el fallo que declaró inconstitucional una ley que permitía investigar los crímenes cometidos durante la dictadura militar de 1973 a1985.


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La Corte declaró el viernes inconstitucionales dos artículos de una ley de 2011 que permitía investigar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen de facto pese a una amnistía aprobada por el Parlamento en 1986 y refrendada en dos plebiscitos, el último de ellos en los comicios en los que fue electo el presidente José Mujica del Frente Amplio de izquierda en 2009.

Uno de los artículos invalidados por el máximo tribunal decía que “no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad” para los crímenes de la dictadura. El otro declaraba a estos delitos “crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales”.

“Venimos a pedir verdad y justicia. Y para que no se repitan una cantidad de cosas que pasaron en este país”, dijo a la AP Guadalupe Benavente, una empleada de 57 años.

El fallo de la Corte no impide seguir investigando los crímenes de la dictadura, dijo el portavoz de ese tribunal Raúl Oxandabarat a The Associated Press. “La Corte se limita a declarar la inaplicabilidad de los artículos 2 y 3 de esta ley para el caso que presentaron los militares”, dijo.

“El juez competente deberá examinar y definir en cada caso cómo procede la investigación. Existen otras vías de trabajo, por ejemplo sobre los convenios internacionales sobre derechos humanos… sólo el juez competente es el que decide en qué va a quedar un juicio”, agregó.

De hecho, la Corte subrayó en un comunicado que sigue vigente el artículo 1 de la ley cuestionada que “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” sobre los crímenes de la dictadura, algo que había sido anulado por la amnistía de 1986.

Sin embargo, el Frente Amplio -con cuyos votos fue aprobada la ley- la central única de trabajadores, la Asociación de Familiares de Desparecidos y otras organizaciones de izquierda criticaron duramente la decisión.

La Corte es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay” así como de “las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”, dijo en un comunicado el Movimiento de Participación Popular, uno de los principales sectores del Frente Amplio.

En Uruguay hubo unos 30 desaparecidos y más de 150 uruguayos corrieron igual suerte en Argentina en el marco del llamado “Plan Cóndor” de coordinación de las de las dictaduras del Cono Sur.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, afirmó que la sentencia de la Corte “abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre derechos humanos, violando el derecho de las víctimas”. Esto pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones de Uruguay derivadas del derecho internacional, advirtió en un comunicado el domingo.

Por su parte, la oposición consideró las críticas del Frente Amplio y grupos afines una forma de presión a la Corte y un ataque a la independencia de poderes.

“El oficialismo insistió en sancionar una ley que se le había dicho por parte de los especialistas que sería inconstitucional. Así que en el plano jurídico esto no es sorprendente, era lo que tenía que pasar”, dijo el senador Ope Pasquet, del Partido Colorado de derecha.

El jurista Oscar Sarlo, catedrático en Filosofía del Derecho de la Universidad de la República, dijo a la AP que el tema ha sido mal planteado.

La ley de Caducidad votada en 1986, “es la intervención más grosera de nuestra historia en el funcionamiento del Poder Judicial, ya que dejaba en manos del presidente decidir quién podía ser juzgado y quién no”, dijo el jurista.