Ecuador. Sábado 21 de enero de 2017
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Procurador colombiano dice que el acuerdo con las FARC es un “pacto de impunidad”

LA HABANA (CUBA) 18/12/2014.- Jorge Torres Victoria (c), alias Pablo Catatumbo, miembro del equipo negociador de las FARC con el Gobierno colombiano en los diálogos de paz. EFE/Ernesto Mastrascusa

Bogotá (EFE).- El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, le manifestó a la Corte Penal Internacional (CPI) a través de una carta que el acuerdo sobre justicia entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC “es un pacto de impunidad”.

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Ordóñez envió una misiva a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, en la que le expone varias razones de sus críticas al acuerdo de justicia logrado en diciembre pasado con el grupo guerrillero, en el marco del proceso de paz que llevan a cabo en Cuba desde 2012.

“El acuerdo estimula la repetición de los crímenes atroces en el país y el surgimiento de nuevas víctimas al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la certeza de no ser objeto de penas de reclusión y al garantizarles así la impunidad por sus crímenes pasados, presentes y futuros”, señala el procurador en la carta divulgada hoy.

El jefe del Ministerio Público agrega que lo pactado entre el Gobierno y las FARC busca sustraer de la responsabilidad penal, “específicamente del cumplimiento de una pena de reclusión a agentes del Estado y a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan perpetrado crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional”.

El pasado 15 de diciembre los negociadores del Gobierno y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron el acuerdo sobre víctimas, que incluye la creación del mecanismo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que se aplicará a los responsables del conflicto armado y que suponía uno de los puntos más espinosos de los diálogos.

El sistema integral de justicia estará integrado por cinco mecanismos, entre ellos la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la unidad especial para la búsqueda e identificación de desaparecidos y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Las dos partes establecieron que cuando termine el conflicto armado se podrá otorgar la amnistía más amplia posible, pero no podrán beneficiarse de esta medida ni habrá indultos para quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra o violaciones a los derechos humanos.

Ordóñez aclaró que esta comunicación con la CPI se realizó en cumplimiento de sus funciones constitucionales como jefe del Ministerio Público y en desarrollo del examen preliminar que la CPI realiza a la situación de Colombia y a una eventual activación de su competencia frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes atroces ocurridos en el país.

En la carta, el procurador dice también que “el acuerdo no cumple los estándares internacionales de justicia, a pesar de que con su adopción se simule un procedimiento genuino de rendición de cuentas por la comisión de crímenes internacionales”, explicó.

La Procuraduría ha insistido en que un “pacto de impunidad” en nombre de la paz provocará en el futuro la actuación de la Corte Penal Internacional contra miembros de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como de agentes estatales, militares y políticos comprometidos en crímenes graves.

“El acuerdo de justicia en su conjunto no contribuye a impedir la impunidad y constituye un antecedente que la promueve frente a la solución de conflictos armados internos”, enfatizó el funcionario.

Ordóñez concluye diciendo que “sería nefasto para la justicia penal internacional que con la excusa de un proceso de paz y de una particular concepción de justicia transicional, se estableciera el precedente de que los responsables de crímenes internacionales no fueran objeto de procesos judiciales genuinos”. EFE (I)

mlb/joc/ra

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