Ecuador. domingo 24 de septiembre de 2017
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Juez impide salir de R. Dominicana a exfuncionario imputado en caso Odebrecht

ARCHIVO/ Miles de dominicanos marchan hoy, domingo 21 de mayo de 2017, en contra de la corrupción y la impunidad, en respaldo a una iniciativa convocada en medio de la investigación por el supuesto pago de 92 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht en sobornos, para acceder a contratos en el país, en Azua (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Un juez dominicano impuso hoy al exfuncionario dominicano Bernardo Castellanos de Moya, imputado en el caso de los sobornos que pagó en el país la constructora Odebrecht, el impedimento de salida del país y presentación periódica así como el pago de una fianza, como medidas de coerción.


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La decisión contra Castellanos, el único de los acusados de recibir sobornos de Odebrecht que aún no había comparecido ante los tribunales, la dictó el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, quien rechazó la petición del Ministerio Público de imponer al acusado 18 meses de prisión preventiva.

El magistrado dispuso que el imputado pague una garantía económica de cinco millones de pesos (unos 104.000 dólares), y en su sentencia ratificó el carácter complejo del expediente.

Castellanos se desempeñó como director técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) entre 2000 y 2004 y está acusado de recibir sobornos para la adjudicación a Odebrecht del proyecto de construcción de la presa Pinalito.

El abogado del imputado dijo, sin embargo, que este “no era legislador, no era ministro” y no tenía capacidad de decisión porque era “simplemente un técnico”.

Asimismo, aseguró que su defendido no evadirá el proceso, por lo que solicitó al juez Ortega no acoger la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, que dijo, sin embargo, que Castellanos “representa el tipo ideal de peligro de fuga”.

Castellanos fue arrestado el miércoles pasado en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), al este de la capital dominicana, a su llegada en un vuelo procedente de Panamá.

El juez Ortega es el mismo que conoció el caso de los otros involucrados en la distribución de los 92 millones de dólares que Odebrecht afirmó haber pagado en el país para adjudicarse la ejecución de infraestructuras entre 2001 y 2014.

Por el caso Odebrecht fueron imputadas otras 13 personas, entre ellas el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista, en libertad condicional bajo fianza desde el pasado 8 de julio tras un mes de prisión preventiva.

En la cárcel solo se encuentran el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un importante dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según el expediente acusatorio, los imputados lograron acumular millonarias fortunas durante estos años, supuestamente gracias a los sobornos que recibían del empresario Rondón.

El martes pasado, la Procuraduría General dominicana dio seguridades de que la colaboración de Odebrecht ha permitido avances en la investigación que desarrolla por el caso de los 92 millones de dólares en sobornos.

El organismo explicó que Odebrecht “entregó antes del plazo previsto valiosos datos al Ministerio Público dominicano, que fueron recibidos luego de haber sido certificados por el Ministerio Público Federal de Brasil“.

Entre los archivos suministrados, afirmó, figuran correos electrónicos con instrucciones, contratos ficticios, los testimonios de cuatro de sus ejecutivos brasileños identificando funcionarios dominicanos a quienes se habrían pagados sobornos, así como también transferencias de dinero a través de bancos en el exterior para su supuesto representante comercial en el país.

Asimismo, que a través de su filial dominicana, la constructora brasileña “sigue facilitando informaciones, a partir de las cuales, el Ministerio Público efectúa varias diligencias investigativas, que por el momento se encuentran bajo la confidencialidad establecida en el Código Procesal Penal”. EFE

(I)