Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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Amas de casa: ¿afiliación o entuque?

Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

Lo prometieron en Montecristi.

Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador


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Lo prometieron en Montecristi. El artículo 34 de la Constitución del 2008 garantizó el seguro social universal, que incluye a las amas de casa “que realizan trabajo no remunerado en los hogares”, aunque ello ya estaba implícito en los artículos 55 y 56 de la Constitución del 1998. Yo coincido: todos quienes contribuimos al desarrollo económico del país tenemos derecho —no obligación— a una seguridad social universal garantizada desde el Estado. Fácil es decirlo y escribirlo. Lo difícil es convertir esa promesa política de la Constitución en un hecho real.

Seis años después, el presidente por fin anuncia que cumplirá lo ofrecido. Lo hace en medio de un torbellino social por medidas impopulares contra los derechos laborales (de maestros, empleados de telefónicas, obreros en el sector público, etc.), mientras pretende enmendar la Constitución para reelegirse indefinidamente en el poder, recortar el derecho a la consulta, amenazar las competencias de municipios en educación y salud, estatizar la comunicación, entre otros, en contra del 73% de la ciudadanía que exige decidir sobre estos cambios en las urnas. Si a ello se suma que las amas de casa, sobre todo de escasos recursos, hoy están preocupadas por el programa de cocinas de inducción que busca eliminar el subsidio al gas, al presidente Correa le sobran razones para relanzar, con bombos y platillos, promesas de impacto popular.

Eso, en principio, es positivo. Es bueno que el descontento en la calle obligue a los políticos a tomar acciones a favor del pueblo. El problema es que la oferta, hasta ahora, parece pura demagogia.

La prometida seguridad social se refiere, en realidad, a que las amas de casa puedan jubilarse dentro de 20 años. Mientras tanto, estarán forzadas —sí, será obligatorio— a afiliarse al IESS sin derecho a atención médica, aportando, en las familias más necesitadas, $2 de los $50 que reciben al mes por el bono de desarrollo humano. ¿Pero de qué sirve jubilarse en 20 años si una ama de casa, ante una enfermedad grave, no se puede atender en un hospital del IESS? Lo más básico de la seguridad social es, precisamente, la salud: si hay que elegir uno de cualquiera de los beneficios del IESS, la atención médica debería tener prioridad.

Por otro lado, el 95% del aporte para esa jubilación no lo pagarán las afiliadas, sino que se cubrirá con los excedentes de las utilidades de otros trabajadores, cuando superen 24 remuneraciones básicas unificadas, que equivalen a $8 160. Esta reforma, por supuesto, es inconstitucional, puesto que el derecho al 15% de utilidades, como todo derecho laboral, es intangible y, por tanto, irreversible. Pero lo más grave es que el gobierno no ha explicado su consistencia económica. ¿Qué relación hay entre la cifra de un millón y medio de amas de casa que se van a afiliar y el monto de utilidades de empresas que exceden los $8160 por empleado?

¿Qué pasa si, por ejemplo, en unos siete años el número de amas de casa aumenta drásticamente —tenemos la tercera tasa más alta de madres adolescentes en América Latina según la CEPAL— mientras las utilidades de las compañías disminuyen, sea por problemas económicos, factores internacionales o reformas que desincentivan la rentabilidad empresarial? ¿Cómo es posible ofrecer a 20 años una jubilación cuyo 95% estaría garantizado por ganancias que ningún economista en el mundo puede asegurar?

Los cálculos no cuadran. Y estas dudas, al menos de momento, no han sido disipadas por Alianza País: su oferta más bien parece una jugada en combo para contentar con humo a la ciudadanía, contrarrestar las protestas de los trabajadores y maquillar con pretextos sociales un impuesto ilícito a las utilidades de empleados, así como una reducción de $2 al bono de desarrollo humano, que en vez de ir a las familias pobres pasarán a los fondos del IESS, tradicional financista del Estado central. Dos medidas que, de otro modo, en medio de un probable desajuste fiscal por la caída del petróleo y la subida del dólar, ante el pueblo serían imposibles de justificar.

El cálculo político del régimen, sin embargo, puede fallarle tanto como las matemáticas. La gente no es tonta. Y las recientes manifestaciones del 17S y el 19N han demostrado, una vez más, que la paciencia del pueblo no es eterna. Sobre todo cuando le meten la mano en el bolsillo.