Ecuador. Jueves 25 de Mayo de 2017
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Mambrú se fue a la guerra

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Jamás ha sido loable la idea de entregar armas a personas de la sociedad civil para convertirlas en parte de una policía política. La historia lo ha demostrado.

Existen ejemplos que datan desde el imperio romano. Voy a nombrar algunos de los recientes: la SS, que fue la fuerza de choque del partido nazi de la primera mitad del siglo XX; la OVRA (Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo) de Mussolini; la Stasi de la Alemania Oriental comunista; la policía revolucionaria de los hermanos Castro en Cuba; la DINA de Augusto Pinochet; las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), para la autodefensa agraria, reglamentadas por el presidente Ernesto Samper con el fin de protegerse de los grupos guerrilleros; y, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la Venezuela actual.

Las policías políticas han sido nefastas, porque son grupos paramilitares que terminan cometiendo delitos contra los derechos humanos en nombre de la ideología de quien las creó. Pero además, hemos constatado la ineficacia de los organismos internacionales y del Papa para ayudar en los casos de Cuba y Venezuela, países en los que estas policías asesinan y torturan a sangre fría. Así es que agárrese; una vez que esto suceda, nadie nos va ayudar.

La justificación verdeflex para promulgar esta Ley es que la burocracia dorada tiene derecho a que con nuestros impuestos se le pague una protección especial. ¿No sería mejor que con los dieciséis millones de dólares anuales que va a costar esta policía política se constituya una unidad de la Policía Nacional con ese fin o se fortalezca a esa institución? ¿Cómo así los miembros de la sociedad civil tenemos que pagar con nuestros impuestos por la protección de las familias de los servidores públicos de élite, incrementando el costo de vivir en este país, cuando los contribuyentes tenemos que pagar nuestra propia seguridad?

Pregunto esto porque la creación de una entidad armada de carácter civil es inconstitucional. El artículo 158 de la Constitución determina que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas instituciones de protección. El Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana solamente quiere darle un viso de legalidad a esta entidad que hará uso de medios disuasivos y coercitivos con armas (numeral 13 del artículo 199 y numeral 17 del artículo 200 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público). Es imposible proteger efectivamente a alguien sin armas.

Si el país se va a seguir administrando con legislación inconstitucional, entonces sería posible también que alguien, que se encuentre contra la creación de este tipo de entidades, promulgue un reglamento y estructure otro cuerpo paramilitar de carácter civil. En otras palabras, la mayoría de la Asamblea Nacional y el poder Ejecutivo salientes fomentan la anarquía, lo cual es malo para el comercio y para mejorar nuestra calidad de vida.

Lo que me recuerda los juicios de Núremberg. En ellos, se sancionó a una serie de dirigentes, funcionarios y colaboradores de la Alemania nazi que fueron acusados de crímenes de lesa humanidad y de guerra. La mayoría de los acusados alegaron que quebrantaron los derechos humanos de ciertas personas porque seguían órdenes que emanaban de la Ley. Lo cual implica que no siempre un cuerpo legal es justo o legítimo. Igual fueron penalizados, en algunos casos, con la muerte. Por eso hay que tener cuidado con las dictaduras del siglo XXI: los intereses personales del dictador se disfrazan de legalidad.