Ecuador. domingo 22 de octubre de 2017
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Rastreo internacional

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

El presidente Moreno ha anunciado que el Gobierno está interesado en contactar firmas internacionales especializadas para que rastreen los activos producto del saqueo de los fondos públicos.

Es una decisión correcta. Como lo hemos señalado en anteriores columnas, hoy en día la delincuencia organizada tiende a desarrollar estructuras transnacionales para facilitar el ocultamiento y aprovechamiento de los fondos mal habidos. La sofisticación de las herramientas y productos financieros que utilizan estas mafias son altamente complejos. El caso Odebrecht es, sin duda, uno de los más avanzados que registra la historia. Desde presidentes hasta viceministros, pasando por legisladores y magistrados, desde bancos off-shore hasta empresas de papel, todo funcionó como una máquina perfecta de corrupción.


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La ubicación, congelamiento, incautación y repatriación de los fondos robados no es tarea fácil ciertamente. Difícilmente una nación por sí sola puede ubicar, y menos recuperar dichos recursos. No solo es necesaria la cooperación internacional de gobierno a gobierno, sino el asesoramiento de firmas especializadas. No es fácil, pero tampoco imposible. En 2005, por ejemplo, Nigeria logró recuperar más de mil millones de dólares saqueados por el expresidente Sani Abacha. Los casos de Malasia y Ucrania son otros de los muchos ejemplos que hay. El gobierno federal de los Estados Unidos a través de la llamada “Kleptocracy Asset Recovey Initiative” viene recuperando y devolviendo fondos robados a países que han sido víctimas de saqueos similares al sufrido por los ecuatorianos.

En el caso de nuestro país la colaboración de firmas especializadas se hace marcadamente necesaria en vista de la poca confianza que existe en su andamiaje institucional. La herencia de la dictadura pasada aún está presente en los corredores del poder. Un sistema judicial que estaba sometido al Ejecutivo, un contralor que cobraba coimas al contado, una mayoría legislativa dedicada a encubrir, una prensa perseguida, unos órganos de control que no controlaban y una oposición ociosa, salvo honrosas excepciones, hicieron del Ecuador un verdadero paraíso fiscal para una pandilla de avezados mafiosos.

El reciente informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma la sospecha y la denuncia de algunos periodistas y políticos de que el gobierno anterior conocía desde hace tiempo la red de corrupción que había tejido nada menos que el segundo mandatario, y que hasta hubo informes que fueron archivados. Es más, el propio jefe de la mafia en una reciente entrevista concedida a una cadena de televisión (que hasta hace poco era “corrupta”) confirmó algo que ya lo había declarado meses atrás, pero que ahora adquiere extrema gravedad: que él tuvo acceso al expediente –supuestamente reservado– de la instrucción fiscal abierta en contra de altos funcionarios, y que encontró exageraciones. Algo muy serio por sus implicancias legales, y por lo que debería ser llamado a declarar, aunque sea por videoconferencia.

Por lo que está conociendo el país, el saqueo de los fondos públicos fue sistemático y gozó por años de impunidad desde el más alto nivel. Las firmas internacionales que se piensa contratar podrían ayudar a devolver esos recursos a los ecuatorianos. (O)