Guayaquil, Ecuador
Ecuador es uno de los nueve países del mundo donde la eutanasia ha sido legalizada. El martes 24 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional tramitó el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica que busca establecer un marco legal para el acceso a dicha práctica.
Pero mientras actualmente se promueve la eutanasia como «muerte digna», el caso de la joven Noelia Castillo, de 25 años, quien murió en España el 26 de marzo por eutanasia, despertó una conmoción mundial, poniendo el foco en donde parece que debería estar: la responsabilidad que tenemos como seres humanos, y que tiene el Estado, de cuidar, proteger y hacer justicia antes de ofrecer la muerte como salida.
No parece posible hablar de dignidad cuando el sistema permite que una jovencita como Noelia pida morir luego de haber intentado suicidarse, sin que el Estado haya buscado protegerla y darle justicia después de que sufrió una violación múltiple. Al facilitar la muerte sin haber agotado la justicia penal, el sistema les ha regalado a los violadores de Noelia el anonimato eterno y la eutanasia se convirtió en el borrador del crimen.
Además, se ha comenzado a hablar bastante en redes sobre la supuesta donación de los órganos de Noelia Castillo; se dice que esto llevó al hospital a negarle la postergación de la eutanasia que ella había solicitado meses atrás, debido a que sus órganos habrían sido destinados a otros pacientes.
Lo sucedido con la joven española ha abierto la puerta a un debate ético importante, al que parece oportuno que la Asamblea del Ecuador se una ya que está tratando el tema: ¿es realmente la eutanasia una elección libre o es el resultado de un entorno donde las alternativas no fueron suficientes?, o lo que es peor aún, donde la muerte es un negocio.
Con todo lo que se está escuchando de este caso, espero que nuestros legisladores consideren el prohibir la combinación de eutanasia y donación de órganos dentro del proyecto de ley que están debatiendo.
Promover prácticas como la eutanasia y el aborto, tal como lo hacen hoy algunas personas en redes sociales y notas mediáticas, exige una responsabilidad doble, porque puede parecer más bien una violación contra la dignidad humana el hecho de que el sistema permita que una mujer pida morir o pida abortar (asesinar a su propio hijo) porque el Estado es incapaz de ayudarla, protegerla y/o de darle justicia.
O el hecho de que un enfermo pida morir porque su familia no tiene cómo cubrir los costos de los cuidados paliativos para afrontar una enfermedad terminal.
Si lo pensamos bien, podría parecer incomprensible que el sistema nos haya llevado a debatir sobre la opción de convertir el suicidio asistido y el aborto en derechos cuyo acceso debe ser gratuito (financiados por los impuestos ciudadanos) antes de debatir sobre la posibilidad de convertir el parto en un derecho gratuito; pues todos tenemos claro que, la apertura a la vida está en el centro del verdadero desarrollo de los pueblos.