Guayaquil, Ecuador
El eterno problema de los malos gobernantes en el Ecuador se ha convertido en un círculo vicioso. Como resultado, los políticos terminan siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo del país.
¿Qué nos condena a tener políticos y gobernantes tan deficientes? Una respuesta simplista— aunque sin pretender generalizar— sería afirmar que los políticos son ineficaces, mentirosos y corruptos. En ese escenario, los ciudadanos terminan resignándose con frases como: «no importa que roben, con tal que hagan obras» o «todos los políticos son iguales». Es otras palabras, “roba y obra” se convierten en sinónimos, solo cambiando el orden de las letras.
No obstante, un análisis más riguroso permite comprender la conducta de quienes ejercen el poder público a través de la Teoría de Elección Pública, desarrollada por James Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986. Buchanan mostró cómo los políticos actúan motivados por incentivos personales y no por el bien común.
En su análisis, aplica los principios del mercado y explica que, en la práctica, el comportamiento de quienes gobiernan no difiere al de las personas que hacen negocios: fundamentan sus decisiones en el interés propio y en la búsqueda de poder. Por consiguiente, no debemos percibirlos como benefactores.
Su teoría demuestra que este comportamiento requiere instituciones sólidas y reglas constitucionales capaces de limitar abusos y orientar las políticas públicas hacia el interés colectivo.
En el caso de Ecuador, sin embargo, el país se ha convertido en un laboratorio de experimentos constitucionales. Se han promulgado 20 Constituciones— el doble del promedio de América Latina—, lo que equivale a casi una cada diez años desde que somos república. Pese a ello, no hemos logrado que el bien común se convierta en la razón de ser de la política.
Más bien, para los gobernantes ecuatorianos, romper las reglas parece un deporte nacional: fácil, rápido y sin árbitro. Este proceder perpetúa el circulo vicioso en el que los otros de siempre actúan igual que los mismos de siempre.
Ese círculo vicioso puede entenderse a través de la idea del enlace generacional, según la cual los patrones de conducta, valores, roles y decisiones de una generación tienden a repetirse en la siguiente.
Desde que somos república han pasado casi ocho generaciones y, salvo contadas excepciones de gobierno, hemos mantenido una cultura del disenso. Constitución tras Constitución, elección tras elección, boom tras boom, generación tras generación: los mismos errores, las mismas reseñas polítticas de prensa.
Romper el vínculo generacional en la política implica dejar atrás esos patrones negativos heredados. El primer paso es reconocerlos: formas de poder autoritario, decisiones económicas impulsivas, relaciones con la ciudadanía basados en el miedo, conflictos nunca resueltos e incapacidad para alcanzar acuerdos mínimos. En definitiva, se requiere un liderazgo dispuesto al sacrificio, donde construir sea más que destruir.
Hoy, el gobierno actual ejerce el tipo de régimen que los politólogos Levitsky y Way denominan autoritarismo competitivo. En este modelo, las instituciones democráticas se utilizan como medios principales para obtener y ejercer el poder político.
En este contexto, se esperaba que la generación actual de gobernantes tuviera la capacidad, la vocación democrática y la visión de país necesarias para superar el circulo vicioso. Sin embargo, al observar cómo están ejerciendo la política y las decisiones de gobierno, se puede concluir— como decían nuestros abuelos —que “salieron corregidos y aumentados”.