La Fiscalía General del Estado solicitó que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley sean declarados culpables del delito de delincuencia organizada. Se los culpa participar en una red dedicada a la comercialización irregular de pruebas para detectar COVID-19 y otros insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020.
Durante su alegato final, el Ministerio Público solicitóo formalmente esto al juez dentro del juicio que se sigue en la Corte Nacional de Justicia. Además de Bucaram y su hijo. También se solicitó condena para el exagente metropolitano Leandro Berrones y el ciudadano israelí Oren Sheinman, quienes, según la acusación, habrían participado en la misma estructura.
Como parte de las pruebas, para sostener su acusación, la Fiscalía dio el testimonio anticipado del ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en agosto de 2020 dentro de la Penitenciaría del Litoral. Según la Fiscalía, Dahan declaró que Jacobo Bucaram pagó USD 321.600 en efectivo por la adquisición de la mercadería.
¿Qué relación pueden tener funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), con Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos empresarios israelíes?
Pues el factor común es la pandemia provocada por el COVID-19,en el 2020. De acuerdo con la Fiscalía, tres agentes de la AMT bridaban seguridad a dos ciudadanos israelíes que llegaron a Quito a comienzos de la pandemia y comenzaron la compra y venta irregular de insumos médicos y pruebas COVID-19.
En el 2021, La Hora habló con la fiscal a cargo del caso y conoció que había videos donde se veía a los agentes resguardando a los empresarios, por el carril preferencial de la Ecovía. Los escoltaban, en horas de trabajo, con uniformes y recurso de la AMT de norte a sur.
La hipótesis fiscal, también indica como involucrado a Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, quienes este 20 de febrero tienen el juicio donde la Fiscalía deberá presentar una acusación formal contra los Bucaram y un agente de la AMT. (La audiencia se difirió a las 08:54 del 20 de febrero)
Mientras que en el 2021, dos de los tres agentes se acogieron a un proceso abreviado y fueron sentenciados a cinco años de prisión por crimen organizado.
Mientras que uno de los israelíes fue asesinado en la prisión de Guayaquil, el otro forma parte de la protección de testigos. (I)