Ley de Comunicación: ¿Límite o mordaza?

Por Héctor Yépez Martínez

Hoy más que nunca, urge que en los espacios de opinión ciudadana se discuta la inminente Ley de Comunicación. En la consulta se ordenó la creación de un Consejo de Regulación. Eso, en democracia, ya no se puede evadir. Lo que sí se puede es alzar la voz y evitar que el mandato popular sea pretexto para incluir disposiciones que nunca se consultaron. No vaya a ser que, con el falso argumento de las mayorías, se viole derechos fundamentales.

Dos tesis: límite o mordaza.

Ecuador es escenario de dos tesis con amplia difusión mediática.

Por un lado, el Presidente Rafael Correa defiende la tesis de que los medios son un poder fáctico que, sin ninguna legitimidad democrática, pretenden imponer la voz capitalista de sus dueños por encima del proyecto político aprobado en las urnas. Los medios, como cualquier otra empresa privada, deben estar regulados.

Por otro lado, la autodenominada prensa independiente —que el Presidente llama prensa corrupta— sostiene que el Consejo de Regulación y la Ley de Comunicación serán instrumentos para silenciar a la disidencia política, acallar la fiscalización ciudadana, imponer la verdad oficial y aniquilar la libertad de expresión.

Así, lo que para Correa es un límite necesario, para los medios es tiránica mordaza. Por supuesto, ninguno de estos extremos, que defienden intereses muy particulares, tiene toda la razón.

Poder mediático vs. poder político.

Imaginemos el peor de los escenarios.

Es verdad que los medios de comunicación ejercen un poder inmenso en la vida social. Es verdad que no representan la voz de nadie más que sus dueños y de aquellos a quienes tales dueños eligen dar espacio. Es verdad que los medios abusan, mienten, calumnian, inventan y maquinan. Es verdad que el origen de sus poderes no radica en la elección política de los ciudadanos, sino en las reglas de libre mercado, donde a veces más puede una hábil estrategia comercial que la veracidad de los contenidos.

Luego, ¿es necesario amordazarlos? En absoluto. Y no porque los medios sean buenos, sino porque sus vicios no justifican someter el poder mediático al poder político, que tampoco está libre de pecados. ¿Acaso los políticos son mejores que los periodistas?

También el poder político es inmenso. También abusa, miente, calumnia, inventa y maquina. También representa la voz de sus dirigentes, camuflada detrás de elecciones que son un mecanismo para dominar a los demás. Todas las artimañas que pueden criticarse en el sistema de libre mercado valen también para el marketing político y el juego electoral.

Lo no puede dudarse es que ambos —la política y los medios— necesitan un freno en la ley. La limitación del poder político en las normas es el postulado esencial de un Estado de Derecho. La limitación del poder mediático —entendido como poder de hecho, cuyos actos ni forman parte de la maquinaria pública, ni equivalen sin más a cualquier otra actividad empresarial— debe constar en una Ley de Comunicación que fije criterios de responsabilidad y garantice los derechos de los ciudadanos a expresarnos, informarnos y opinar, bajo el control de un organismo plural e independiente.

6 propuestas a la Ley de Comunicación.

Es en esta línea que la Ley de Comunicación debería tomar en cuenta lo siguiente:

1. Consejo de Regulación. La competencia del Consejo de Regulación debe sujetarse al texto de la pregunta 9 de la consulta, que lo autorizó para “que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita”. Nada más. El pueblo jamás autorizó que el Consejo regule el Internet ni las “plataformas tecnológicas”. Tampoco autorizó que promueva la democratización de medios privados, ni “crear espacios de difusión de producción nacional según cuotas de programación” o “promover valores de “convivencia intercultural” en la programación”, como reza el informe Andino.

2. Responsabilidad ulterior. Los criterios de responsabilidad ulterior deben adecuarse a los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, dicha responsabilidad solo podrá estar dirigida a asegurar el respeto al derecho ajeno (incluyendo la reputación), la seguridad nacional, el orden pública, la salud y la moral pública. Todo lo anterior jamás podrá ser interpretado como una vía para sancionar la crítica política, aun cuando resulte incómoda, ofensiva o mordaz.

3. Prohibiciones. La ley debe prohibir la “propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”, según el artículo 13.5 del Pacto de San José. Eso no implica prohibir la violencia descontextualizada sin más, como sugiere el informe Andino.

4. Internet. La Ley debería ampliar lo más posible aquellos principios que redunden en beneficio de los derechos fundamentales. Por ejemplo, sería un hito reconocer el principio de neutralidad de la red (como lo propuso José María León), ya que Internet es la vía más eficaz para una auténtica democracia de opinión que escape al imperio de los grandes medios de comunicación. La neutralidad implica entender la red como un medio de espontánea expresión ciudadana. También sería un gran logro reconocer que el acceso a Internet forma parte de la libertad de expresión y no puede ser restringido por el Estado, siguiendo el criterio reciente de las Naciones Unidas.

5. Principios de la OEA. Ya que algunos ven a los instrumentos de derechos humanos por debajo de nuestras leyes internas, la Asamblea debe incluir algunas disposiciones de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos. Debe prohibirse la censura previa, la “imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo”, la exigencia de colegiación o títulos para ejercer el periodismo, la imposición estatal de códigos de ética a periodistas, el condicionamiento a la “veracidad, oportunidad o imparcialidad”. Deberíamos aprovechar para sentar que los periodistas, al comentar asuntos públicos, solo pueden ser juzgados en lo civil, cuando se demuestre la falsedad y malicia de su expresión. Ni se diga lo urgente de derogar cualquier delito de desacato.

6. Otros negocios de las empresas de comunicación. En cuanto a la pregunta 3, que prohíbe que las empresas de comunicación tengan otros negocios, para determinar a sus accionistas principales es absurdo fijar un parámetro minoritario del 6%, como sugiere Andino. En cuanto a la calificación «nacional» de los medios de comunicación, si bien no debe exigirse su presencia en el último rincón del país, sí se debe superar un irrisorio 25% de cobertura. No posible que toda la nación se identifique con su cuarta parte.

¿Quién regulará?

Ahora bien, todo lo anterior es letra muerta si el Consejo de Regulación no está conformado con tal independencia que aleje cualquier sospecha de manipulación política. Lamentablemente, no es el caso. El informe Andino propone que haya 7 miembros, de los cuales:

– 2 son del Presidente Correa.
– 1 de los Consejos Nacionales de Igualdad (también parte del Ejecutivo).
– 1 de la academia.
– 3 ciudadanos (?).

Mi diagnóstico:

Ojalá me equivoque, pero parece que 6 de 7 miembros del Consejo de Regulación obedecerán órdenes del Presidente Correa. Si es así, cualquier bondad de la Ley de Comunicación será víctima de un esquema institucional donde el libertinaje de los medios estará supeditado a la arbitrariedad del poder político. Hay quienes piensan que Correa no abusará. Eso es lo de menos: ¿se imaginan un instrumento así en manos de un nuevo León Febres Cordero?

El remedio, entonces, será mucho peor que la enfermedad. Es mejor que los medios se excedan antes de que callen. Es mejor que sean libertinos antes de que estén sometidos a ese mismo poder que deben investigar y criticar. En democracia, siempre es peor hablar de menos que hablar de más.