¡Regresó la legalidad!

Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Durante más de cinco años se han pasado diciéndonos que la legalidad es algo secundario. Que por encima de ella está la popularidad, y que la popularidad es el único árbitro de los actos del poder público. No la Constitución, no la ley, no los procedimientos. Las encuestas aparecían como la única fuente de legitimidad del poder público, no el derecho.

En nombre de este desprecio por la legalidad echaron de sus curules a diputados elegidos democráticamente y los reemplazaron por otros diputados a los que convencieron en un bar de Puembo –quienes intentaron ocultar su vergüenza cubriéndose sus rostros con unos manteles–. En nombre de esa legitimidad asaltaron un Tribunal Constitucional y cobardemente persiguieron a sus magistrados. En nombre de esa legitimidad no solo que rompieron la anterior Constitución y aprobaron otra, sino que los artículos de esta última –su letra y su espíritu– los mastican a diario como chicle. Y cansados de masticar el mismo chicle se ha anunciado que quieren ordenar otra Constitución para volver a masticarla como chicle fresco.

Invocando esa legitimidad hace un año nos llevaron a un referéndum, y cuando se les demostraba que algunas de las reformas constitucionales propuestas no podían hacerse sino mediante una asamblea constituyente, la respuesta fue siempre la misma: que el pueblo soberano era el único que podía decidir eso; que solo la partidocracia temía escuchar la voz del pueblo en las urnas; que solo la voz del pueblo es la que vale; que hay que dejar que la gente decida nomás. Y así en nombre de esa legitimidad, entendida como popularidad y no como conformidad con la ley, terminaron metiéndole la mano a la justicia y de allí no las han vuelto a sacar.

Pero de pronto la legalidad ha resucitado. De pronto comienzan a hablarnos de que más importante que los votos son las leyes. Al estilo de los pretores romanos nos dicen ahora que la ley es dura pero es ley. Nos referimos a la posición asumida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Leyendo la resolución que han adoptado sus directivos sobre el affaire de las firmas –y que parecería ser preparatoria de otras– uno no puede evitar quedarse asombrado por el lenguaje legalista que usan en su riguroso análisis. Ahora resulta que más importante que escuchar la voz del pueblo en las urnas es verificar las firmas.

Por el bien de la república esperemos que el regreso de la legalidad sea en serio. Las resoluciones administrativas que han quedado firme –como son las que dieron vida jurídica a las organizaciones políticas– únicamente pueden extinguirse por razones de legalidad, como es el caso en cuestión, mediante una acción de lesividad ejercida ante la jurisdicción contencioso administrativa. Solo mediante sentencia firme pueden anularse dichas resoluciones. Y es en esos procesos donde las personas cuyas firmas supuestamente han sido suplantadas deberán confirmar que jamás expresaron su voluntad de adherirse a dichas organizaciones. Estamos seguros de que así procederá el CNE porque finalmente la legalidad ha regresado.