Miami (EEUU), 25 jun (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió hoy de que la nueva ley de comunicación de Ecuador oficializa una nueva serie de «delitos de prensa» que privilegian al Gobierno sobre el derecho a la información de los ciudadanos.
La Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada el sábado pasado por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, deberá entrar en vigor a partir de su publicación oficial y tipifica como delito el denominado «linchamiento mediático».
Esta figura jurídica define este delito como la «difusión reiterada de información con el propósito de desprestigiar o reducir la credibilidad de las personas física y jurídicas», señaló la SIP en un comunicado.
Para Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, con sede en Miami, esta nueva ley «debilitará los procesos de investigación periodística e impedirá que el público, que la ciudadanía conozca lo que los poderes tratan de ocultar».
Paolillo destacó que la legislación instaura un nuevo delito de desacato, dándole privilegios especiales a las autoridades sobre los ciudadanos, una figura que ha sido eliminada de los códigos penales de casi todos los países de las Américas y que solo ha quedado en los más autoritarios.
«La Ley no sólo valida la mordaza sino que establece la censura previa y crea las instancias que identificarán y sancionarán las violaciones, dando al oficialismo el poder absoluto para eliminar la libertad de expresión y de prensa», agregó Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda.
La disposición crea un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con potestad para sancionar el incumplimiento de las normas, así como la Superintendencia de Información y Comunicación con atribuciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del comportamiento de los medios.
La SIP dijo que los nuevos «delitos de prensa», así como la colegiación obligatoria que impone esta legislación, son figuras que fueron rechazadas por las cortes internacionales y repelidas como contrarias a los derechos humanos, no solo de los periodistas sino de toda la ciudadanía, tal como lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
«Lamentablemente -apostilló Paolillo- no nos sorprende que el Gobierno del presidente Correa continúe creando ‘delitos de prensa’ con el objetivo de blindar a su Gobierno de la crítica y la rendición de cuentas y, al mismo tiempo, le siga dando la espalda a los ciudadanos». EFE