La Contraloría confirmó una glosa de 41 millones a Marcela Aguiñaga, en el proceso de compra-venta de 66 lotes de terreno entre el Issfa y el Ministerio del Ambiente, en 2010.
Durante el período de gestión de Aguiñaga, al frente del Ministerio del Ambiente, comprendido entre el 1 de enero de 2010 y 9 de noviembre de 2012, se efectuó la compra venta al ministro de Defensa Nacional de 66 lotes de terreno de propiedad del Issfa.
Los 41 millones, según la Contraloría, corresponde al exceso de pago que hizo el Ministerio del Ambiente al Issfa por dichos terrenos en los Samanes.
Contraloría estableció una responsabilidad civil culposa por USD 41 090 491,04 en contra de Aguiñaga, la cual fue notificada ayer, 6 de noviembre del 2017.
Tras un examen especial realizado por Contraloría, el ente de control indicó en un informe que lo legal era considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil.
El Miduvi sostenía que el costo de los terrenos era de USD 43,8 millones, mientras el Municipio aseguraba que era solamente de USD 7,1 millones.
En el informe de Contraloría consta que el pedido del avalúo al Miduvi fue solicitado por la entonces Ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga.
La glosa fue ratificada debido a que a la presente fecha no se ha evidenciado la compensación de fondos, entre el Ministerio de Finanzas y el Issfa, como se había recomendado en el informe del ente de control, según indica la Contraloría.
Parte de los detalles de cómo se realizó el proceso de compra venta se conocieron el año anterior. El entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, había dicho que lo hecho por Aguiñaga se trató de un “error de buena fe”.
La sanción, según el informe de Contraloría, también aplica a Mercy Borbor, exministra del Ambiente delegada; Manfred Altamirano, exsubsecretario de Gestión Marina y Costera; Patricia Serrano, exdirectora nacional de Asesoría Jurídica del MAE; José Noritz, exdirector general y representante legal del Issfa y otros tres servidores relacionados. (I)
- Con información de El Comercio