Atrás parecen quedarse las expectativas que muchos abrigaron en su momento en el sentido de que el plebiscito estaba llamado a marcar un antes y un después en el gobierno. En el poco tiempo transcurrido desde la jornada cívica, tres episodios dan cuenta del abismal desfase que parece estarse creando entre la sociedad ecuatoriana y los gobernantes de turno. El primero fue el anuncio de que el pronunciamiento popular derogando la llamada ley de plusvalía de nada había servido, pues el Gobierno se aprestaría a sustituir dicha ley por otra que con un nombre diferente tenga el mismo efecto.
El segundo fue la increíble declaración de una alta autoridad del Estado sosteniendo que los resultados de la consulta popular habrían confirmado la adhesión del país a los postulados del socialismo siglo XXI, a tal punto que el Ecuador –en lo que podría ser el más grave error en su política internacional– ha optado por apoyar la dictadura militar venezolana. El tercero fue el envío de un proyecto de ley mediante el cual los futuros miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya no serían elegidos en elecciones directas –tal como fue aprobado en la consulta popular– sino que serían primero seleccionados por el órgano electoral. Es decir, se seguirían los desaparecidos esquemas soviético y fascista donde los delegados a ciertos órganos eran primero seleccionados por entidades adscritas al Gobierno, y luego sus nombres venían puestos a votación.
¿Qué tienen en común estos tres episodios? Todos ellos demuestran el escaso interés o compromiso que tienen las élites políticas para con las reglas de la democracia y los valores propios de dicho sistema. En las tres instancias citadas simplemente se ha dado la espalda a lo que la sociedad ecuatoriana decidió en las urnas. Se supone que los cauces de la democracia directa –plebiscitos, referéndums, consultas, etcétera– son la mejor expresión de participación política de una sociedad. Este ha sido uno de los desarrollos más progresivos de las democracias liberales. Es por esto por lo que si hay algo que se respeta en todos los sistemas políticos del mundo que se precien de democráticos son precisamente los resultados de esta clase de mecanismos electorales. Pero no es el caso del Ecuador. No ha pasado ni un mes desde la consulta, y el país ya parece embarcarse nuevamente en el laberinto jurídico que dejó instalado el correísmo como bastión de su impunidad.
Al igual que otras instituciones, el Consejo de Participación Ciudadana debe desaparecer. Su presencia en el escenario institucional del Ecuador solo sirve para debilitar a los partidos políticos y al órgano legislativo, y, por ende, socavar al proceso democrático. ¿No ha sido suficiente lo que sucedió en el Ecuador durante la última década para no haber sacado lecciones? O es que estamos condenados a repetir nuestros errores, a fuer de no aprender de ellos. (O)