Una comisión de la ONU que investiga las violaciones de los derechos humanos desde los inicios de la guerra civil en Siria dijo hoy que la presencia de terroristas en Idleb no puede justificar una masacre de civiles en esa provincia.
«Idleb no se puede convertir en la última masacre de la guerra en Siria. La razón debe prevalecer», imploró Hanny Megally, miembro de la comisión, que presentó hoy un nuevo informe que cubre lo ocurrido entre mediados de enero y de julio pasados en el conflicto.
«Tememos el lanzamiento de una ofensiva sobre Idleb sin consideraciones por la seguridad de la población vulnerable. Es fundamental que no se ignoren la seguridad ni los derechos humanos de los civiles. Esta es la obligación de todos los que participan en el conflicto», dijo por su parte el presidente de la comisión, Paulo Piheiro, en una rueda de prensa.
La comisión incluyó en su llamamiento a la moderación a terceros países que apoyan a los beligerantes, como Rusia e Irán, que son el principal sostén del régimen sirio en el exterior, así como Turquía, que ha sido un apoyo clave para ciertas facciones armadas.
Estados Unidos, que ha perdido en los últimos años influencia en este conflicto, ha señalado que sólo intervendrá en Siria si se utilizan armas químicas contra la población, una acción que se ha producido varias veces en el pasado y en las que el Gobierno de Damasco siempre ha negado haber intervenido.
Pinheiro se dirigió a Rusia, Irán y Turquía recordándoles que ellos ofrecieron garantías de que Idleb sería una «zona de distensión» o de alto el fuego.
Por ello se trasladaron hasta allí en los últimos dos años los milicianos de diversos grupos rebeldes -junto con sus familias- vencidos en anteriores batallas, como las de Homs, Alepo y más recientemente Daraa.
En Idleb hay actualmente 2,9 millones de civiles, de los cuales 1,4 millones viven allí como desplazados y un millón son niños, por lo que el presidente de la comisión advirtió que una eventual batalla sería de una «categoría» mucho más grave con respecto a lo visto en Alepo o Raqa, ciudades donde la población era menor.
La justificación que el Gobierno sirio y Rusia han dado a los preparativos para la ofensiva sobre Idleb es la de acabar con las huestes terroristas allí presentes, que la ONU ha confirmado que existen y cifrado en unos 10.000 combatientes.
Aunque reconoció que los Estados tienen el derecho y el deber de combatir el terrorismo, Pinheiro sostuvo que esto no se puede hacer poniendo en riesgo la vida de una población de cerca de tres millones de personas.
Según la información con la que cuenta la comisión, la población de Idleb está sobreviviendo en terribles condiciones, sin ayuda humanitaria y soportando en las últimas semanas repetidos ataques de las fuerzas progubernamentales, que han impactado en infraestructuras vitales, incluyendo hospitales.
En su último informe, la comisión afirma que la mayoría de batallas que se registraron en diversas partes de Siria entre enero y julio incluyeron acciones consideradas crímenes de guerra, como ataques indiscriminados sobre áreas civiles, bombardeos de instalaciones protegidas por el derecho internacional y el uso de armas prohibidas.
También hubo pillajes y desplazamientos forzados, de los que fueron responsables tanto fuerzas progubernamentales como grupos armados rebeldes o terroristas.
Esas batallas tuvieron lugar en las provincias de Alepo, el norte de Homs, la periferia de Damasco, Daraa e Idleb, lo que generó niveles de desplazamiento forzado «sin precedentes», según calificaron los comisionados.
En total, un millón de personas tuvieron que huir de los lugares donde estaban viviendo a medida que el gobierno fue recuperando territorios.
«Después de siete años de guerra, este sufrimiento afecta a más de 6,5 millones de desplazados que subsisten dentro de Siria con una ayuda humanitaria muy limitada», declaró Pinheiro. EFE