Cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador fueron denunciados este jueves ante la Fiscalía General del Estado por varios políticos, después de que crearan una comisión para revisar el proceso administrativo de selección de la Corte Constitucional.
Las denuncias planteadas involucran al presidente del Consejo del Cpccs, José Tuárez, y a los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez.
El director del movimiento Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, opinó que los mencionados consejeros que votaron por la conformación de la comisión «cometieron un delito», pues al intentar revisar lo actuado por el anterior consejo, de carácter transitorio, «están violando la sentencia de la Corte Constitucional«.
En mayo pasado, el alto tribunal dictaminó que no se podía revisar lo actuado por el órgano de control social transitorio, recordó Atarihuana en declaraciones a la prensa junto a la sede de la Fiscalía.
Subrayó que en el orden jurídico ecuatoriano la última palabra la tiene la Corte Constitucional.
El político pide que la Fiscalía abra una indagación «de manera inmediata» por el presunto delito de «incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente», infracción que tiene una pena de uno a tres años de prisión.
«Las atribuciones que tuvo el Consejo transitorio, con Julio César Trujillo a la cabeza, eran extraordinarias, entregadas por el pueblo en consulta popular (2018)», insistió el político al referirse al anterior presidente del Cpccs transitorio, fallecido recientemente.
En otra denuncia presentada este mismo jueves por la asambleísta Jeannine Cruz, del movimiento conservador Creo, y a la que Efe tuvo acceso, apunta que el actual Cpccs «al no ostentar las características extraordinarias del anterior, no goza de autotuleta, es decir, de capacidad de revisar las decisiones tomadas por el transitorio».
Por su lado, el legislador Raúl Tello, del movimiento Unidos por Pastaza, también presentó ante la Fiscalía otra denuncia contra los cuatro consejeros, de los siete que integran el Cpccs.
Aseguró que el dictamen de mayo de la Corte es «inapelable y de cumplimiento inmediato y obligatorio» y que la Constitución ecuatoriana determina que «los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser removidos del cargo por quienes son sus nominadores, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana».
Por su parte, la consejera Victoria Desintonio, que es objeto de las denuncias, sostiene que no se está vulnerando ninguna normativa porque la revisión que pretenden llevar a cabo es al proceso administrativo de la conformación de la Corte Constitucional. EFE