Editorial de diario El País
Madrid, España
El anuncio del exjefe guerrillero y disidente de las FARC, Ivan Márquez, de que reanuda las actividades terroristas es una agresión a la democracia colombiana y un injustificable rechazo a un proceso de paz que ha marcado un hito en la historia tanto de Colombia como de Latinoamérica.
Márquez, en paradero desconocido desde hace un año, anunció junto a otros exguerrilleros “una nueva etapa en la lucha armada”, y en un brutal ejercicio de cinismo añadió que “la historia registrará” que se ha visto obligado a tomar las armas. No. Si la sociedad colombiana vuelve a vivir la pesadilla que sufrió durante cincuenta años la historia registrará que ha sido por el rechazo de Márquez a una paz fruto de un largo y complicado proceso de negociación —oficialmente, cuatro años en los que el propio guerrillero fue protagonista— con cesiones y tensiones internas en todos los bandos y que culminó con la firma de unos acuerdos que se han convertido en ejemplo internacional para otros conflictos similares.
Solo desde la obcecación más absoluta o desde el total desconocimiento de la realidad pudiera pensarse que con la firma del documento acordado entre el Estado colombiano y la guerrilla estaba todo hecho. Al contrario. La firma, celebrada el 26 de septiembre de 2016, fue apenas el primer paso de un largo proceso de normalización institucional, reconciliación nacional y reconocimiento de las víctimas que todavía se encuentra en marcha y que no será ni corto ni fácil. Con las dificultades e imprevistos normales en cualquier proceso dinámico, Gobierno y guerrilla han ido cumpliendo con un compromiso cuyo verdadero beneficiario no es ninguno de los dos, sino el pueblo de Colombia.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia abandonaron las armas, se transformaron en un partido político bajo el nombre de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y aceptaron las reglas del juego democrático. Están presentes tanto en el Congreso como en el Senado de la República y los acuerdos de paz les garantizan un mínimo de escaños durante ocho años precisamente para que su voz pueda ser escuchada en la sede de la soberanía nacional. El presidente Juan Manuel Santos fue por este punto objeto de durísimas críticas de quienes desde dentro del sistema se oponían a la negociación.
Aun siendo grave, la decisión de Márquez era lamentablemente previsible. La culminación de la paz en Colombia será larga y compleja, en ocasiones no exenta de abusos, un reflejo lógico de la guerra civil más prolongada que ha vivido Latinoamérica. Colombia es un Estado de derecho que ha dado sobradas muestras de superar dificultades en apariencia infranqueables. El anuncio de Márquez no debe acabar con la legítima aspiración de los colombianos a vivir en paz.