Guayaquil, Ecuador
Solo se pide que se haga justicia. No venganza, no represalias; solo justicia. Por pésimas que hayan sido las experiencias que hayamos tenido sobre la manipulación del sistema judicial con fines políticos, lo cierto es que los líderes de los trágicos eventos del pasado octubre deben ser procesados penalmente por los delitos que habrían cometido y responder civilmente por las pérdidas económicas provocadas, sin que esto último dependa de lo primero, tal como lo establece nuestro Código Civil.
Basta de tratar a estos señores como niños engreídos. Desde hace años, inclusive desde antes del arribo de la mafia correísta, en el Ecuador parece imperar la regla de que los políticos están por encima de la ley. Aquella cantaleta de que antes de criticarlos se tiene que “ganar una elección” –y que no fue un invento de Correa sino del anterior dueño del país, el que dictaba sentencias desde su hamaca en El Cortijo bebiendo vodka– semejante cantaleta, decía, refleja claramente esa visión de creerse miembros de un privilegiado club. Ellos estarían así inmunes con respecto a los delitos que protegen al sistema democrático de insurrecciones y golpes de Estado, o de aquellos tipificados para defender los fondos públicos de ladrones y rateros. Claro que a los políticos hay que vencerlos en las urnas, pero primero deben responder y cumplir con la ley, como lo debemos hacer todos los ciudadanos. Por eso, aquello de que si se los enjuicia se les hace un favor y otros cálculos similares, no debería importarles a los fiscales o jueces. Porque si es así, mejor sería que renuncien.
A la lista de consideraciones que el país ha tenido que soportar de parte de una clase política de engreídos, gente que se resiste a asumir las consecuencias de sus actos, ahora se suma el hecho de si son o no miembros de una determinada etnia. Parece increíble haber llegado a estas alturas de la historia para terminar escuchando semejante argumento. Ya no solo se trataría, entonces, de si el golpista o pillo es o no un político popular, sino de si es indígena, mestizo, blanco o negro para solo entonces hacer una determinación preliminar sobre su responsabilidad legal. Esto no es sino otra forma de corrupción. Y, tal como lo demuestran decenas de estudios, la corrupción es uno de los factores que más inciden tanto en la desigualdad económica como en la falta de institucionalidad y democracia de una sociedad. ¿O creen que es solo una coincidencia que los países con menos desigualdades económicas y más democráticos son aquellos con menos corrupción?
Dejar impunes a los responsables del vandalismo de octubre, del secuestro de periodistas, del intento de golpe de Estado, del llamado a la insurrección militar, de incendiar a la Contraloría, de provocar enormes pérdidas petroleras al Estado, de causar cuantiosos daños a pequeñas o grandes empresas sería fomentar más esa corrupción que tanto agobia a nuestro país.
Y encima, estos señores se pasean muy orondos por el país en tremendos autos blindados de empresas venezolanas.