La ley como estorbo

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

La ley en el Ecuador se ha ido convirtiendo en una simple molestia, en un ente de vida precaria, sin rumbo, que se ve llevado por el viento de un lado al otro. La ley es algo que estorba a casi todos y que puede fácilmente ser manipulada o ignorada. La forma más elegante que se ha encontrado para violarla es invocando algún derecho constitucional.

No se ha comprendido que la Constitución, que es un documento esencialmente político, necesita de la ley para asegurar su vigencia. El resultado de esta degeneración es que ambas, la ley y la Constitución, han perdido legitimidad. La ley dejó de ser en Ecuador un mandato que anticipa las consecuencias de nuestros actos. Hoy en día esa garantía de previsibilidad que es connatural a toda ley, esa garantía por la que tanto se luchó por décadas en Occidente, ese baluarte contra el abuso, y que es, además, una condición esencial para el desarrollo económico ya casi no existe.

El “legislador”, ese mítico ser, supuestamente pleno de racionalidad y sabiduría ha dejado de ser tal. Ha sido sustituido por mafias que aprueban las leyes que otros hacen a cambio de hospitales, aceras y bordillos, y que, de paso, cuando entran en vigor pueden ser socavadas fácilmente. En nuestro país el rule of law o estado de derecho es como un semáforo en amarillo un sábado de noche.

Lo hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobando contra ley expresa al binomio de las viudas de quien lideró una organización delictiva dedicada al soborno es simplemente el más reciente ejemplo de esta cultura de ilegalidad en que vivimos inmersos en el Ecuador desde hace algún tiempo. Lo hecho por el CNE es de lo más burdo, ciertamente. La legislación electoral era y es clara. Sus reglas estaban escritas hace tiempo. Nadie las había impugnado. Todos se esmeraron por cumplirlas. No así el mencionado binomio. En aras del derecho de participación se les permitió hasta burlarse de los propios consejeros que mansamente se prestaron a la farsa.

El derecho constitucional de participación, según esta gente, todo lo permite, todo lo aguanta, todo lo acepta. Hay la insólita idea en nuestro país de que entre más candidatos existan somos más democráticos. En nombre de ese derecho se permite que personas con cargos formulados de corrupción o con glosas de la Contraloría puedan candidatizarse a cargos de elección popular o seguir ejerciéndolos tranquilamente. Y así por el estilo.

Y lo mismo sucede con respecto a otras situaciones de la vida ordinaria. A pesar de que dichas situaciones, derivadas de relaciones contractuales, de propiedad, administrativas o laborales, por ejemplo, son situaciones legalmente adquiridas, ellas pueden fácilmente debilitarse y destruirse por la invocación de algún principio constitucional.

No se ha comprendido, lamentablemente, que la supremacía de la Constitución para ser efectiva requiere de la ley. Esa dimensión legal de la supremacía constitucional ha sido prácticamente abandonada. No se quiere admitir que la Constitución tiene un límite como norma jurídica. Y que la sociedad requiere de la precisión propia de la ley. El absurdo llega a la bufonería de que para expedir un simple decreto ejecutivo o un acuerdo ministerial o una providencia judicial sus autores primero invoquen decenas de normas constitucionales. (O)

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