Los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo (los primeros exmilitantes de CREO y la segunda, del correísmo), interpelantes de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, han solicitado «un alcance» para incluir en el juicio político documentación relativa al supuesto reparto de los hospitales que se atribuye a Romo a cambio de conseguir mayoría parlamentaria en favor de los proyectos legislativos del gobierno.
La intención ha sido aunciada la tarde de este lunes 19 de octubre, mientras la Comisión de Fiscalización y Control Político, recibió las pruebas de cargo en torno al juicio político que se sigue contra la ministra por su actuación durante las violentas protestas de octubre de 2019.
La Comisión pidió al Presidente de la Asamblea, César Litardo, el testimonio anticipado del exasambleísta Daniel Mendoza, en el que supuestamente relaciona a Romo por haber atendido sus pedidos para tener injerencia en la gestión de hospitales en Manabí. Mendoza está en prisión, procesado por corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales.
Hoy, durante el inicio de la sesión virtual, el asambleísta Gómez centró en cuatro ejes sus argumentos contra Romo sobre el presunto incumplimiento de funciones:
Una conversación de Romo con el gerente del hospital de Tulcán, presuntamente pariente suyo. Supuesto reparto de la administración de hospitales públicos a legisladores a cambio de que estos voten por los proyectos del gobierno. Entrega de bombas lacrimógenas caducadas a la Policia Nacional durante las protestas de octubre de 2019. Lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de las Universidades que acogían a los violentos manifestantes en calidad de «centros de paz»; agresiones a periodistas, a pesar de existir el comité para la protección de periodistas creado a raíz del asesinato de los periodistas de El Comercio.
Luego fue el turno de la legisladora Cuesta, quien acusó a Romo ante la Comisión de falta de probidad notoria e incumplimiento de funciones. Reafirmo los argumentos que usó Gómez durante su intervención, y habló de la «muy mala imagen de la función pública del Ecuador».
«Incumplimiento de funciones no es que no asista a trabajar, es que no precautele la seguridad de los ciudadanos a la que está llamada, y se preocupe por cuestiones políticas«, dijo Cuesta.
Finalmente la asambleísta Naranjo ratificó «de derecho a fin en el juicio político que seguimos contra Romo por los hechos de octubre: el uso de bombas caducadas que de manera fría e irresponsable reconoció la ministra de Gobierno«.
Sobre el supuesto lanzamiento de bombas lacrimógenas a las universidades en las que se refugiaban los manifestantes violentos, Naranjo indicó que «no solo estaban personas vulnerables como niños, niñas y mujeres embarazadas, sino que también se encontraban personas haciendo voluntariado y personal médico».
Está previsto para el próximo 31 de octubre la comparecencia de la ministra Romo ante la Comisión, para que presente sus pruebas de descargo.