No podemos olvidar

Alberto Molina Flores

Guayaquil, Ecuador

Sí, los ecuatorianos no podemos olvidar el fatídico jueves 30 de septiembre de 2010. Nadie, absolutamente nadie podía pensar que Rafael Correa, Jefe de Estado, al enterarse que en el Regimiento Quito los policías se habían amotinado, sin escuchar a sus colaboradores cercanos, sin las debidas seguridades y sin pensar en el peligro que corría, fue personalmente a dicho cuartel a enfrentarse irresponsablemente con los amotinados (historia conocida).

La Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN), organismo creado en el 2009, en ese bodrio llamado Ley de Seguridad Pública y del Estado, el personal de dicha Secretaría junto a su director, ese día asistían a un seminario internacional, ajenos a los graves acontecimientos que se estaban suscitando.

Correa,  a raíz del ataque a Angostura, había desmantelado la inteligencia militar y policial; por este motivo no había quién procese,  con la debida oportunidad, toda la información sobre el descontento que había en los cuarteles policiales y militares. Por  lo tanto, los Ministros de Defensa, del Interior y de Coordinación de Seguridad,  carecían de una información fidedigna que les hubiera permitido  asesorar al presidente de la República -si es que aceptaba- para que tome las medidas más adecuadas y oportunas para neutralizar los sucesos que se dieron el 30-S. Y nos hubiéramos ahorrado el enfrentamiento entre militares y policías; muertos, heridos, enjuiciados, encarcelados, etc.

Correa, al meterse en la “boca del lobo” se expuso, fue vejado y humillado; un estadista debe actuar en estos casos difíciles, con absoluta ponderación, cabeza fría y serenidad, no debió jamás abandonar Carondelet -su puesto de mando- en términos militares. De inmediato debió convocar, en forma urgente, a los miembros del Consejo de Seguridad Pública y del Estado.

Lamentablemente no se procedió de esa manera y los hechos se desbordaron y llegaron a situaciones casi incontrolables y el país quedó al borde del colapso.

Pero más allá de perseguir y enjuiciar a los supuestos culpables es menester señalar a los verdaderos responsables, es decir, investigar las verdaderas causas. Lo que está claro es que no hubo un intento de golpe de Estado (jamás se dieron proclamas desconociendo al gobierno), no hubo cabecillas con poder de decisión (no lideraron coroneles ni generales, sino cabos y sargentos) y sobre  todo, ningún golpe de Estado se hace sin el apoyo de los militares.

Tampoco hubo la intención de matar al Presidente (por su propia voluntad puso en peligro su vida) y peor que estuviese secuestrado (siguió gobernando, dando órdenes y reuniéndose con sus colaboradores, emitió declaraciones a los medios de comunicación tanto dentro como fuera del país, decretó el estado de excepción y ordenó que se lo ‘rescate’, etc.). Es necesario resaltar (pese a que una de las misiones que debían cumplir las Fuerzas Armadas era la de “ser garantes de su ordenamiento jurídico”, y que esta fue borrada de la Constitución actual) que a la hora de la verdad se acudió a ellas para mantener la institucionalidad del país y garantizar la paz y seguridad ciudadana.

Han pasado doce años de ese trágico día. El presidente de la República y los asambleístas tienen en sus manos la potestad y la decisión política de declarar de una vez por todas, el indulto y la amnistía,  para que ya no hayan más persecuciones, más presos y que se quiera injustamente condenar a oficiales del Ejército que  cumplieron su deber con los riesgos que tuvieron que sortear ese fatídico día; de esa manera, de una vez por todas, se cierren y restañen las heridas y vuelva la paz y tranquilidad al país, que con extremada irresponsabilidad, guiado por su fatuidad, actuó Rafael Correa y que ahora el pueblo ecuatoriano demanda se termine ese funesto capítulo de nuestra historia.

Foto de archivo del 30 de septiembre del 2010.

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