Quito, Ecuador
El Ecuador, como varios países de la región, ha atravesado sucesivas crisis carcelarias de distinta monta, algunas de ellas con saldo trágico y sobre las que la acción de los poderes públicos ha sido insuficiente.
Las matanzas en México, Colombia y Brasil han sido frecuentes en los últimos años. Otros países como Paraguay, Argentina y Perú, han tenido en el tiempo también motines carcelarios con sangrientos resultados. No se diga los horrores de Centroamérica, en especial en El Salvador.
La influencia del narcotráfico, el crimen organizado y la tecnología con la que cuentan los reclusos han agudizado el problema y la impotencia de las autoridades ha desnudado problemas estructurales que van in crescendo.
Hace unos cuántos años se detectó un sistema clandestino de ingreso a la penitenciaría del Litoral de licor, plasmas, comida rápida y todo tipo de bienes para las personas privadas de libertad, con la complicidad de los guías penitenciarios que, unas veces bajo amenaza y otras, presuntamente ‘bonificados’ con jugosas coimas, eran cómplices de los ilícitos. Cámaras de seguridad lograron detectar que algunos de estos bienes eran filtrados en ambulancias.
De manera constante, además, se detecta en los filtros de control, ingreso de armas blancas o de fuego, municiones, teléfonos celulares, sustancias estupefacientes y todo tipo de bienes que no pueden ni deben estar en manos de las personas recluidas.
Hace dos años el estallido coordinado de motines carcelarios se ha reproducido en varios sitios de los mal llamados oficialmente centros de rehabilitación social, que no son sino escuelas del crimen y núcleos de operación y control de mafias que ordenan desde estos espacios secuestros, asaltos y asesinatos en las calles de varios rincones del país.
Las investigaciones de los gobiernos de turno han determinado los contactos de varios integrantes condenados o con imputaciones severas en íntima relación con bandas que operan en las calles y que tienen fuertes contactos con carteles internacionales de la droga, principalmente mexicanos que dominan buena parte de las operaciones del negocio de producción, transporte y venta de estupefacientes del norte del continente con destino a los mercados de Estados Unidos y Europa.
Una publicación del portal Primicias da cuenta de que en nueve masacres carcelarias sucedidas entre los años 2021 y 2022 se cuentan 398 personas privadas de libertad asesinadas.
La sevicia en algunas de estas matanzas es siniestra. Cuerpos mutilados y hasta decapitaciones y hogueras humanas han dificultado el reconocimiento de los cuerpos y han desatado reacción de los familiares que han entrado en angustia y reclamos duros a la autoridad.
La misma publicación da cuenta de que la Penitenciaría del Litoral es el reclusorio más peligroso.
Hace un año, en la primera crisis carcelaria que se organizó durante el presente período presidencial. La ministra de Gobierno Alexandra Vela, pidió al Presidente la creación de un Ministerio del Interior. Su reimplantación sucedió varios meses después y sin la suficiente capacidad operativa, tecnológica ni de personal en el número aconsejado.
La conformación de una comisión de alto nivel, la asesoría de expertos internacionales en temas carcelarios y la incorporación de parámetros de medición de la situación de derechos humanos arrojaron un informe cuyas recomendaciones no terminan de aplicarse.
Es difícil saber a ciencia cierta si existen en la Dirección del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), los manuales operativos y la suficiente competencia y experiencia para operar en tiempos de crisis humanitarias y delictivas del calibre de las presentadas en el Ecuador.
Las amenazas al personal, la corrupción y los cambios constantes de las cabezas del sistema dejan ver falencias graves. No se sabe si los funcionarios tienen capacidad profesional para acometer en tareas delicadas.
Una preparación previa para saber cómo reaccionar ante una crisis de modo expedito y dar las debidas y oportunas explicaciones a la opinión pública, con transparencia y sentido de responsabilidad cívica, casi siempre no llega a tiempo y las dubitaciones generan resquemores en la ciudadanía.
La poca preparación acarrea que la prevención sea confusa y muchas veces genere más caos, no solamente en cuanto a las capacidades operativas y de reacción sino en materia de comunicación en crisis. Siempre aparece la sospecha de que se quiere ocultar la verdad o las dimensiones de los sucesos, o se tarda mucho tiempo en reaccionar en el frente de información, con portavoces que titubean, se muestran como poco preparados o con información incompleta.
La identificación de una reyerta y la detección de las alarmas de lo que puede desembocar en motines carcelarios de la envergadura de los ocurridos en estos casi dos años nos muestran que la autoridad no tenía ni los elementos adecuados para la detección temprana ni los procesos de reacción suficientemente asimilados.
Tiroteos, explosiones, derrocamiento de paredes y llegada tardía de efectivos policiales y aún el acompañamiento de Fuerzas Armadas prolongaron la contención de la crisis. Desde luego esa falta de capacidad de reacción operativa se trasladó también a la tarea de comunicación y se trasmitió una sensación de inseguridad. Las autoridades, desde la cabeza hasta las fuerzas de tarea en el área, parecería que no saben qué hacer ni qué decir.
La solución no llega. La renuncia sucesiva de funcionarios no se asimila como una lección de recuperación y no hay aprendizaje para mejorar acciones y capacidad de comunicar adecuadamente en futuros motines y matanzas que son una amenaza constante.
Ha sido muy frecuente escuchar a las autoridades en las afueras de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil; Turi, en Cuenca; Latacunga, Santo Domingo, etc., decir que está todo controlado. Pocas horas después nuevas detonaciones y más muertos dejan la ineficiencia al desnudo y la comunicación en duda total.
No es aceptable que, detenidos por contravenciones de tránsito, presos sin sentencia, deudores morosos de las pensiones de alimentos y personas privadas de libertad por delitos menores compartan el espacio del infierno donde los que mandan son los asesinos, operadores de narcotráfico y jefes de pandillas y mafias.
En lo relativo a la comunicación en crisis la formulación de un manual suficientemente estudiado, con acciones claras, señalamiento de vocerías y estudio de casos en otros países puede ser una guía adecuada para proceder en horas delicadas con responsabilidad y comunicando mejor de manera creíble y transparente. La reputación del poder político, de las autoridades y la paz pública están en juego en temas tan complejos como el ejemplificado.
El Gobierno nominó ya al cuarto director del SNAI en este período presidencial. Parece tener experiencia en cargos del sector público, según su hoja de vida. Ahora debe mostrar valor, templanza y entereza y conseguir el apoyo político para llevar adelante su dura su tarea.
La crisis carcelaria es una más de las deudas pendientes con la sociedad. ¿Cuántos muertos más debemos esperar?
