Quito, Ecuador
Durante el gobierno de Rafael Correa, que controló todos los poderes del Estado, se criminalizó, con éxito, la protesta social. Ahora, que tenemos un gobierno débil, pero democrático, se ha producido el fenómeno inverso: se han criminalizado, con igual éxito, las acciones del Estado para controlar la violencia y garantizar la seguridad ciudadana; con el agravante de que los nuevos criminalizadores son las mismas personas que generan la violencia social en el país.
Las mismas que, por intermedio del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, condenado por abuso sexual, denunciaron al ex director general de operaciones de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, como autor de delitos de lesa humanidad por haber comandado el control de las violentas protestas de octubre de 2019.
¿Cómo han logrado estas personas ubicarse en una posición tan ventajosa para sus fines? Simplemente, declarándose pueblo. Declaración que encierra una perversa paradoja: la fusión de la radical inocencia que atribuyen al pueblo -su radical irresponsabilidad- y la autoridad total que le asignan. La fusión, en suma, del niño y Dios.
Valiéndose de esta coartada, han convertido en crimen el uso legítimo que, de la fuerza, hace el Estado para neutralizarlos y, también, las sanciones que la justicia les ha impuesto por sus delitos. Con este arbitrio han transformado sus delitos en actos inocentes o en manifestaciones incontestables de la voluntad divina. Un niño, a causa de su inmadurez moral, es absolutamente irresponsable y penalmente inimputable, y simples humanos no pueden juzgar a Dios.
Tal ha sido el éxito de la nueva estrategia criminalizadora que, frente a los delitos cometidos por los que se autoproclaman pueblo, el gobierno y la justicia actúan, cuando lo hacen, de modo vergonzante, o dejan de hacer lo que les corresponde.
Nada hay más peligroso para la democracia y las libertades de los individuos que, en una sociedad, un grupo reivindique para sí la irresponsabilidad absoluta y la autoridad total y actúe conforme a esta definición, sin que el resto de la población y el Estado hagan lo suficiente para contenerlo.
Se viene una nueva movilización indígena y, quizá, un nuevo paro nacional. La ciudadanía que está en contra del uso de la violencia como arma política ha comenzado a manifestar masivamente su inconformidad con las intenciones sediciosas de la Conaie.
El Gobierno y la justicia, si no quieren que la oposición de la mayoría de ecuatorianos a las pretensiones autoritarias y desestabilizadoras de esta organización rebasen algún momento los límites de la resistencia pacífica, deben cumplir su parte de manera oportuna y en la justa proporción. Dejar de actuar o hacerlo sin usar todas sus capacidades, en lugar de conservar la paz social, estimula a los violentos y crea las condiciones para una confrontación civil.
Los gobiernos blandos, la justicia timorata o selectiva, son tan responsables del crecimiento de la violencia política en un país como lo son las fuerzas que han convertido a la violencia en su forma de hacer política. Señor presidente, señora fiscal, señores jueces de la república, no les pedimos nada extraordinario, nada fuera de sus competencias. Les pedimos solamente que cumplan con dignidad y entereza su deber.
