Guayaquil, Ecuador
Cada día se hace más evidente la necesidad de abandonar el experimento constitucional de Montecristi. Es un experimento que le ha causado un enorme daño al país. Bastaría con recordar que, tal como lo proclamaron en su momento sus idearios y ha sido luego confirmado por expertos extranjeros, la actual Constitución del Ecuador es una copia de la de Venezuela. Ya con eso sería suficiente para despejar cualquier duda de la necesidad de un recambio constitucional en nuestro país.
Si de algo es modelo Venezuela, es la de un Estado fracasado. Tener como referente constitucional la Constitución de una tiranía que ha envilecido a su pueblo, no es precisamente motivo de orgullo. El problema de la actual Constitución ecuatoriana es que fue concebida como el programa de gobierno de una mayoría coyuntural, fue el trofeo de una victoria electoral.
No fue una Constitución redactada pensando en que quienes eran mayoría en ese momento, mañana dejarían de serlo. Como bien anota el politólogo Adam Przeworski, este tipo de constituciones están llamadas a fracasar, no son el germen de instituciones.
Constituciones como la de España en 1978, por ejemplo, fueron el fruto de un compromiso político de visiones contrarias y contradictorias de tal forma que bajo su paraguas puedan caminar gobiernos de izquierda y de derecha sin que ello provoque crisis alguna; que es lo que ha sucedido en esa nación. Igual cosa podría decirse de la Constitución estadounidense, donde diversas visiones de lo que debería ser la nueva república tuvieron que transigir. Entre nosotros algo de eso se vivió en la Constituyente de 1998.
Nada de eso, ni de lejos, hubo en Montecristi. Una mayoría coyuntural, liderada por quienes resultaron ser una pandilla de gánsteres y rufianes, que, tomando como modelo al chavismo venezolano, lograron aprobar una Constitución que es, como se ha dicho, el resumen una plataforma electoral. Una plataforma electoral que hoy tiene rango constitucional.
Allí está plasmada, por ejemplo, una visión estatizante de la economía. Una concepción que sacrifica el derecho de propiedad individual en aras del bienestar colectivo; cuando la historia nos dice que es al revés, que es el derecho de propiedad individual el que garantiza el bienestar colectivo. Así lo entendieron los países más desarrollados, desde los escandinavos y Japón hasta Singapur y Australia, o aquellos que más rápido van han disminuido los niveles de pobreza.
Si hay una explicación de la crisis del sistema eléctrico o de la seguridad social, por ejemplo, hay que buscarla en la ideología que inspiró a los asambleístas de Montecristi. Una ideología marcada por hostilidad al emprendimiento, la libertad y al derecho privado. Y a este error pueden sumarse muchos más.
Carthago delenda est (“Cartago debe ser destruida”) era la advertencia con la que invariablemente terminaba Catón sus discursos en el Senado romano, sin importar a qué se referían los debates. Con ello Catón recordaba a sus compatriotas sobre el peligro latente que los cartaginenses representaban a su civilización. Los ecuatorianos, más allá de nuestro problemas cotidianos, no debemos dejar de recordar todos los días que la Constitución de Montecristi constituye una amenaza mortal para el país. Como Cartago, ella debe desaparecer. (O)
