La Superintendencia de Compañías intervino la compañía Gráficos Nacionales S.A., que edita los periódicos Extra y Expreso, dos de los diarios más importantes del país, que denuncian una persecución en respuesta a la línea editorial crítica que tienen hacia el Gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según el organismo de control, el objeto de la intervención es «supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”.
Periodistas y organismos dedicados a defender la libertad de prensa sostienen que el Gobierno liderado por Daniel Noboa mantiene una actitud hostil hacia la prensa que incluye represalias a medios de comunicación que critiquen su gestión.
A principios de año, GRANASA emitió un comunicado oficial en el que acusó al Ejecutivo de acciones que buscaban «doblegar a ambos medios críticos mediante el uso de instituciones públicas» y «someter su línea editorial».
La abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco estará a cargo de la intervención y tendrá que emitir informes mensuales sobre las «actividades cumplidas» para «superar las causales que originaron el proceso», relacionado a una controversia por el control de parte de las acciones de la compañía.
Pedido de intervención viene de la Presidencia
De acuerdo a Granasa, el pedido de intervención nace de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), que ahora depende de la Presidencia, «aduciendo una calidad de accionista del 2,56 %, cuya propiedad atraviesa un proceso legal».
Inmobiliar solicitó a la editora de periódicos el «detalle de asesores legales mantenidos por el periodo comprendido entre 2022 y 2025, el que debe incluir una matriz de los casos atendidos por ellos, indicando cuales se encuentran cerrados o vigentes a la fecha actual».
Información que, a criterio de Granasa, no está en obligación de proporcionar porque existen «razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extra sociales o su publicidad perjudique los intereses de la compañía», de acuerdo a la Ley de Compañías.
«Es pública la posición crítica de Diario Expreso frente a la gestión del presidente Daniel Noboa, cabeza de la Función Ejecutiva de la que depende Inmobiliar, por lo que existen serios riesgos de que la información solicitada puede ser utilizada de manera poco objetiva y en detrimento de los intereses de la empresa y de sus accionistas», señaló el medio este jueves.
Granasa ha denunciado que el Gobierno de Noboa intenta «someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador», pues como antecedente señalan que la Superintendencia también ha tratado de «adueñarse del 40 % de las acciones» de la empresa, al detectar supuestas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.
Represalias del Gobierno
Además, han alertado de «otros intentos infructuosos de menoscabar la integridad y credibilidad de Granasa a través del Servicio de Rentas Internas (administración tributaria) y de la Fiscalía, con acusaciones sin sustento sobre supuesta defraudación tributaria y lavado de activos que se quedan sin piso».
El pasado 5 de enero, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció «represalias» del Gobierno ecuatoriano contra Granasa y señaló que «el uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta».
