Con la firma del contrato con Ecuacorriente a inicios de marzo, el Ecuador ingresó de manera oficial en la industria de la minería a gran escala. Un contrato de estas dimensiones, se habla de 1.700 millones de dólares de inversión y de unos ingresos para el estado de más de 5.000 millones durante los 25 años de concesión, tendrá un impacto enorme tanto para las comunidades cercanas al proyecto como para el país en general. Una actividad como la minería irremediablemente genera críticas, algunas más fundamentadas que otras, que son importantes considerar.
El numeral 10 del art. 436 de la Constitución dice, por una parte, que es atribución de la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o las autoridades públicas “que por omisión inobserven los mandatos contenidos en normas constitucionales dentro del plazo establecido en la Constitución”, y, por otra parte, que si transcurrido el plazo preindicado la tal omisión persiste, la misma Corte, “de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto omitido, de acuerdo con la ley”; lo cual, obviamente, solo puede referirse al incumplimiento culposo –por omisión– de obligaciones constitucionales puras y simples, de naturaleza singular y única, que dependan de una sola voluntad.
Más que juntas de directorio para toma de decisiones en el corto y en el mediano plazo, las Cumbres Presidenciales de las Américas son reuniones de alto, altísimo nivel, en donde dirigentes y expertos conocen y sopesan las tendencias mundiales y regionales, toman nota de las mismas y se preparan para impulsarlas o para bloquearlas. La primera Cumbre por ejemplo, la de 1994 en Miami, fue un notable ejercicio de pensamiento estratégico y de prospectiva. El escenario internacional maniqueo de la guerra fría acababa de llegar a su final y una nueva etapa se abría, aparentemente, para los países de todo el planeta y por supuesto de las Américas.
D.R. ©® La República EC. Todos los derechos reservados.