Delatar dinero corrupto

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Desde hace dos meses está presentado el informe para primer debate de un proyecto de ley llamado de “Recuperación de Capitales”, preparado por una comisión que preside el asambleísta Héctor Yépez.

En esencia, se trata de dar incentivos económicos de hasta el 20 % a quienes, sin haber participado en delitos que causan daño al patrimonio del Estado, entreguen información “válida y exacta” que permita ubicar y recuperar no solo los bienes “objeto” de la infracción sino cualquier otro que sirva para reparar el perjuicio (arts. 8 y 1.3). Las investigaciones estarían a cargo de “equipos técnicos especializados” (ETE´s), integrados por particulares que no tendrían relación laboral con el Estado. Los ETE´s recibirían también parte de los incentivos económicos (art. 13).

Luce interesante.

Como la historia reciente demuestra en todo el mundo, el sistema de delaciones está resultando un poderosísimo instrumento para combatir efectivamente la corrupción, no solo identificando delincuentes sino, fundamentalmente, atacándoles el bolsillo. El sistema bancario internacional puede jugar además aquí importante y activo rol, pues si aplicando la normativa global sobre lavado de activos detecta depósitos provenientes de aquellos delitos contra el Estado, pudiera participar en el programa, recibiendo también los referidos incentivos. En el caso de los bancos, la tarea de ubicación de activos corruptos estaría prácticamente concluida, sin mayor esfuerzo.

Lo que hay que cuidar, para evitar el desprestigio del sistema, es la proliferación de chantajistas “denunciólogos”, que también pululan en el paisito. El proyecto traza un par de líneas en ese sentido, primero, cuando propone que las investigaciones sean reservadas, y segundo, cuando advierte de las responsabilidades civiles y penales por la presentación de denuncias falsas o por delitos como extorsión o intimidación (art. 14).

Teniendo más de dos meses de presentado el informe, es inentendible (o bastante entendible…) que no haya sido llevado a debate en el pleno de la Asamblea.

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